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Vida asociativa

Los estadounidenses con discapacidad en la era Trump

Federico Montes / Madrid- 10/03/2017

En una atmósfera de plena incertidumbre, el próximo mes de julio de 2017 se conmemora en Estados Unidos el 27 aniversario de la promulgación de la Ley de Americanos con Discapacidad (ADA), ley de derechos civiles aprobada en 1990 para combatir la discriminación de los ciudadanos con discapacidad de dicho país, sector social que agrupa hoy nada menos que a 57 millones de personas.


Personas que viven en alerta desde el pasado 8 de noviembre tras el inesperado desenlace de las elecciones americanas, que ha llevado a Donald Trump a la presidencia de la nación. De ese modo han pasado en pocas horas de tocar casi con las manos los compromisos electorales en políticas de la discapacidad de Hillary Clinton –a quien las encuestas daban como ganadora–, a una posición de defensa numantina por evitar que Trump cumpla los suyos: desmantelar la reforma sociosanitaria del Obamacare con los incalculables efectos colaterales que comportará en áreas como la educación, la promoción del empleo, las ayudas a las personas en situación de dependencia y un largo etcétera.


De entrada, parece no haber demasiada empatía del nuevo gabinete con este sector social si se tiene en cuenta que los sitios oficiales de información de las políticas federales de la discapacidad han sido desactivados:

https://www.whitehouse.gov/issues/disabilities https://www.whitehouse.gov/disability-issues-contact


La Administración saliente detallaba en ellos las medidas en favor de la expansión de la educación y las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, la Ley de Americanos con Discapacidad, incluso un video tour de la Casa Blanca en lengua de signos. Hoy devuelven mensajes de error. Quizá solo sea por el momento, pero es un mal síntoma.


Una mentalidad ‘capacitista’ (‘ableist’)


El profesor de Historia en la Dominican University de Illinois David M. Perry, padre de un niño con síndrome de Down y abanderado de la causa de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad  (@Lollardfish), recriminaba a Donald Trump en octubre de 2016 en un artículo publicado en Los Angeles Times. Perry lo calificaba como “el candidato presidencial más ‘capacitista’ en toda la historia política moderna de América”.


Del inglés Ableism, el ‘capacitismo’ es un neologismo que alude a la discriminación individual o sistemática y la estigmatización de las personas con discapacidad. Como denuncia Perry en LA Times, este mensaje ‘capacitista’ está latente en los discursos y actitudes demostrados en campaña por el nuevo presidente de Estados Unidos y trasluciría una mentalidad eugenésica que atenta contra dignidad de las personas con discapacidad, al menospreciarlas y tenerlas por inferiores, incapaces de aportar como miembros de pleno derecho a la sociedad.


En ese sentido el ‘capacitismo’ puede ser considerado una de las caras oscuras de la discriminación: la exclusión social por razón de discapacidad, comparable a la xenofobia, el sexismo, etc...


A tal inquietante conclusión han ido llegando no sin perplejidad los colectivos de la discapacidad de estados Unidos, escandalizados por las sucesivas salidas de pata de banco abochornantes del candidato republicano en campaña. El primer aldabonazo, la crítica que en 2015 Trump hizo de Serge Kovalesky, un respetado reportero del Washington Post, cuya movilidad reducida a causa de la enfermedad rara que padece, la artrogriposis, motejó Trump con grotescos aspavientos. "Pobre tipo, deberían verlo", dijo teatralmente.


Sus invectivas y dardos verbales fueron también para la mujer, objeto de inconcebibles comentarios machistas, para la inmigración latina y la población musulmana (blancos de su furibundia)... así como para las personas con enfermedades crónicas y con sobrepeso, a quienes ha ridiculizado con tintes socarrones.


El anecdotario es largo, pero más allá de esas espontaneidades histriónicas con las que salpicó su campaña el candidato republicano, hoy el temor de las grandes organizaciones de la discapacidad de Estados Unidos sube de grados. Ha pasado del dicho al hecho, comienza a aplicar su programa. De modo que está en juego el futuro de las políticas federales impulsadas por Obama en materia de educación inclusiva y servicios sociales además (y muy especialmente) de las ayudas para acceder al seguro de salud personal, indispensable en dicho país al no existir un modelo de salud pública universal y gratuita, como por ejemplo, con sus defectos y virtudes, sucede en España.


Ese complejo ecosistema de salud que es la cartera de prestaciones sociosanitarias que nutre el ‘Obamacare’, la Affordable Care Act (ACA) -Ley de Cuidado de Salud Asequible-, encabeza la lista negra de demoliciones —“repeal and replace Obamacare”— del nuevo y polémico inquilino de la Casa Blanca desde el pasado 20 de enero.


No es de extrañar que los destinatarios que más necesitan de estas políticas, las personas dependientes y las familias de personas con discapacidad, vivan en vilo ante el riesgo de verse excluidos social y sanitariamente del nuevo sistema. Primero, ante un indicio centinela de por donde van los tiros: el anuncio a finales de febrero del incremento del presupuesto de Defensa en un 9,27% (54.000 millones de dólares), que necesariamente ha de ser detraído de otras partidas presupuestarias como las subvenciones a la educación pública y las prestaciones sociosanitarias de la anterior Administración. Y más recientemente, tras la presentación el 6 de marzo en la Cámara de Representantes –con mayoría del Grand Old Party republicano- de dos proyectos de ley que articularán el Trumpcare, de los que se deducen drásticos recortes de Medicaid, que ha proporcionado atención médica mediante subsidios a los ciudadanos con rentas anuales comprendidas entre el 100 y el 400% de la tasa federal de pobreza. Solo en 2016 se estima que la expansión del Medicaid redujo un 9% la tasa de población adulta sin seguro médico.


Menores recursos para la educación inclusiva


La confirmación por el Senado de Betsy DeVos como secretaria de Estado de Educación ratifica los peores augurios. DeVos viene con el propósito de acabar con el legado de la anterior Administración. La preocupación de que deje en papel mojado la Ley para la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA) por cortocircuito presupuestario está justificada si se tiene en cuenta que en su comparecencia ante el Senado, DeVos demostró una calculada indiferencia por esta ley federal de 1975 cuyo propósito es asegurar que las personas con discapacidad tengan desde la infancia las mismas oportunidades de recibir una educación pública gratuita y adecuada. Una de las conquistas más importantes en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad.


DeVos es una de las más entuasiastas promotoras de la financiación de programas de cupones de fondos públicos destinados a escuelas privadas. En definitiva, de la privatización del sistema escolar público.


A la anterior se cierne otra amenaza, la del nuevo responsable de Salud y Servicios Humanos del Gabinete Trump, Tom Price. Congresista republicano y médico cirujano, Price ya se distinguió en campaña por ser un ferviente opositor del Medicaid, con el que la Administración Obama extendió desde 2010 la atención médica y servicios básicos a veinte millones de personas por medio de una combinación de fondos estatales y federales. El ‘Obamacare’, es preciso subrayar, abrió el umbral de acceso al sistema permitiendo que las personas con ‘condiciones preexistentes’, como es el caso de las personas con discapacidad, no sean rechazadas y puedan suscribir la cobertura médica del seguro privado en condiciones de igualdad.


Julia Bascom, directora ejecutiva de Autistic Self Advocacy Network, escritora, blogger y activista por la causa las personas autistas, recuerda que muchos estadounidenses con discapacidad históricamente y hasta la llegada de Obama se las vieron y desearon para poder pagar el seguro médico. “Al prohibir la discriminación contra las personas con condiciones preexistentes –asegura Julia Bascom en www.slate.com–, la ACA hizo posible que millones de estadounidenses con discapacidad pudieran suscribir un seguro comercial, pagar la atención médica necesaria”.


La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) hizo ilegal negar el seguro sobre la base de una condición preexistente. Investigadores de la Universidad de Pensilvania y de la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, además de la Asociación Americana y otras entidades del movimiento asociativo de la discapacidad norteamericano han expresado su temor. ¿Qué sucederá tras la anunciada derogarción? ¿Seguirán recibiendo atención temprana los niños con autismo, con síndrome de Down, atención médica las personas con enfermedad mental, con una enfermedad rara, con cualquier otra discapacidad? ¿Sufrirán un incremento exponencial las primas del seguro médico que las haga inasumibles para las familias de escasos recursos?


Otro importante artífice del diseño del ‘Trumpcare’ es Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes. Ryan está empeñado en implementar los denominados y temidos ‘subsidios en bloque’ del Medicaid. Supondría de llevarse a efecto un estrangulamiento de la financiación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible- que permite el acceso a servicios esenciales y a la atención de los estadounidenses con discapacidad más vulnerables. Estos subsidios o subvenciones en bloque disminuirían la flexibilidad estatal, y reducirían drásticamente su capacidad para proporcionar cobertura.


Y un respiro entre tanta inquietud: el ‘Trumpcare’ (la nueva Ley Americana de Atención Médica a debate en el Congreso), mantendría dos provisiones fundamentales del anterior programa: que los jóvenes puedan seguir en los programas de salud de sus padres hasta los 26 años y que las aseguradoras no podrán rechazar a personas con condiciones previas o preexistentes. Sin embargo, pretende sustituir las subvenciones en bloque por un sistema de créditos fiscales, deducibles vía impuestos, para incentivar la adquisición seguros médicos. También, descargar a las empresas de la obligación de proporcionar a sus empleados opciones de cobertura médica asequibles (según la Fundación Kaiser Family), cerca de la mitad de los estadounidenses posee una cobertura privada a través de su empresa).

 

Esos créditos oscilarían entre los 2.000 y 4.000 dólares de acuerdo con la edad y los ingresos. El temor de los analistas es que la apuesta por el sistema de créditos provoque que once millones de norteamericanos pierdan la prima del seguro por carencia de recursos. Estos se sumarían a los veintinueve millones de personas que, según un estudio de FKF de mayo de 2016, estarían ya fuera del mercado de los seguros de salud privados sin cobertura de ninguna clase.


Con los antecedentes de DeVos y de Price, las perspectivas de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad y sus familias son inquietantes. Treinta y dos estados han implementado durante la etapa Obama la expansión de Medicaid. Hoy, desde enero de este año, dieciséis de estos estados tienen gobernadores republicanos que pueden desdibujar las conquistas en inclusión, en sus derechos civiles a la igualdad de oportunidades en asuntos tan esenciales como la salud, la educación, el empleo y la igualdad salarial en ese país norteamericano. Motivos para temer tal involución no parecen faltar.


¿Irrumpe el ‘capacitismo’, la ley del más fuerte en aquel país? ¿Acaso podría llegar a ser América más grande –‘Make America Great Again’ es su mantra- abandonando a su suerte a un sector social de 57 millones de personas?


Para saber más:


https://trumpcare.com/
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://kff.org/health-reform/&prev=search

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