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Última actualización: 16/09/2014, 10:45
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Nacional

El Congreso insta al Gobierno a mejorar el ejercicio de la capacidad jurídica de los discapacitados

Pero rechaza adaptar la ley del Jurado a la Convención de la ONU

Servimedia / Madrid- 12/12/2012

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, por 307 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a impulsar cuanto antes una ley que garantice que las personas con discapacidad puedan ejercer "en igualdad de condiciones" que las demás y "en todos los ámbitos de la vida" su capacidad jurídica.


El Grupo Popular pretende así que la futura norma establezca "las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que lo precisen".


De esta forma, argumentó el diputado popular Francisco Vañó durante su defensa de la iniciativa en el Pleno, la normativa española en esta materia cumpliría con los requerimientos del artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en esta materia.


El citado artículo señala que los Estados partes deben reconocer que los ciudadanos con discapacidad "tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida".


La convención añade, en la misma línea, que los Estados parte "adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica".


Vañó recordó que el tratado de la ONU aboga por facilitar los apoyos necesarios a las personas con discapacidad intelectual para que puedan ejercer su capacidad jurídica y tener así "su propio traje a medida".


Y es que, aseguró, todas las personas tienen capacidades, aunque sean residuales, y si se les ayuda a utilizarlas, pueden hacerlo.


Para Gracia Fernández, del PSOE, la iniciativa está "fuera de lugar y fuera de tiempo", ya que pide al Gobierno que cumpla lo que ya debería haber cumplido.


ADAPTACIÓN A LA CONVENCIÓN DE LA ONU


Fernández explicó que en agosto de 2011 se aprobó una ley relativa a la adaptación de la normativa española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que daba al Gobierno el plazo de un año para presentar un proyecto de ley sobre el asunto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.


Por este motivo, añadió la diputada, el PSOE da su apoyo a esta PNL, pero quiere que se cumpla, es decir, que se presente un proyecto de ley que regule la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en el plazo de tres meses.


En el mismo sentido que el PSOE se manifestó Olaia Fernández, del Grupo Mixto, que consideró que la proposición no de ley socialista debe hacerse realidad, pero en un plazo de tiempo determinado, y que calificó de "curioso" que el Partido que sustenta el Gobierno inste al Ejecutivo a hacer los deberes que ya tendría que haber hecho.


Por su parte, Conchita Tarruella, de CiU, apoyó también la propuesta, si bien, dijo, le gustaría que añadiera "un matiz" encaminado a reconocer y respetar el derecho civil propio de las comunidades autónomas que ya hayan desarrollado los mandatos de la iniciativa, como es, afirmó, el caso de Cataluña.


El PNV consideró, por boca de su diputada Arantza Tapia, que lo oportuno habría sido presentar un proyecto de ley con una partida presupuestaria concreta, en lugar de una proposición no de ley, pero no se opuso a la propuesta popular.


Toni Cantó, de UPyD, dio también el sí a una iniciativa que "llega tarde", pero que siempre es "bienvenida" y que da cumplimiento a una premisa que, en su opinión, debiera ser obvia, pero que no lo es: que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica y que cuenten para ello con los apoyos necesarios, cuando los precisen.


Contó el texto con la abstención de la Izquierda Plural, que según manifestó su diputada Caridad García "no se fía" de lo que pueda hacer el Grupo Popular a la hora de legislar sobre este aspecto.


"Pondremos todo nuestro empeño para evitar que se restablezca el criterio discriminatorio hacia las personas con discapacidad con fin paternalista", aseguró García.

 

La Ley del Jurado no se adapta
El Congreso de los Diputados rechazó este martes, con los votos del PP, dar luz verde a la tramitación de la proposición de ley para adaptar la Ley del Jurado a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. La toma en consideración de esta iniciativa cosechó 142 votos a favor, 176 en contra y 2 abstenciones.

Durante el debate parlamentario, la diputada del PP Marta Torrado señaló que el Gobierno "tiene ya un borrador cuya tramitación comenzará en breve" para adaptar la Ley del Jurado a la citada convención. "Los trabajos están muy avanzados y, como es lógico, la norma se consultará con las diferentes asociaciones de la discapacidad", dijo.

Recordó que la citada ley "se tenía que haber modificado ya en la pasada legislatura", a la luz de la mencionada proposición, que fue apoyada entonces por todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, añadió, "estuvo más de dos años paralizada por una constante ampliación del plazo de enmiendas".

Destacó que su grupo parlamentario y el Gobierno trabajan para una sociedad en la que nadie se sienta discriminado y recordó todas las iniciativas de su grupo en favor de las personas con discapacidad, como la Ley de Patrimonio Protegido, o la Ley de Igualdad de Oportunidades.

Además, señaló que en el actual escenario de austeridad, el Ministerio de Sanidad dedica un 75% de su presupuesto a la financiación de la dependencia, Asimismo, señaló que el Gobierno está trabajando en la Ley General de la Discapacidad y dijo que, gracias a la futura Ley de Justicia Gratuita permitirá que las personas con discapacidad no tengan que pagar ni abogados, ni procuradores ni tasas.

Por su parte, la diputada Carmen Seara, encargada de defender esta proposición, impulsada por su grupo parlamentario, dijo que de no aprobarse esta iniciativa, la Cámara Baja "se quedará sin disculpas" y caerá "en el descrédito".

Esta diputada agradeció al sector de la discapacidad por haber impulsado y defendido esta proposición de ley y haberle pedido al propio Gobierno que la apoyara.

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