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Política social

2 Mar 2020

Sin esperar a los PGE

Los directores de Servicios Sociales piden un incremento de 500 millones para Dependencia "vía decreto urgente"

Servimedia / Madrid

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, instó este lunes al Gobierno a aprobar "de forma urgente un real decreto sobre el nivel mínimo de financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para que el aumento de 500 millones de euros prometido por el Ejecutivo "se materialice de forma ágil, sin esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del estado (PGE).

En la presentación del vigésimo dictamen del Observatorio de la Dependencia celebrada hoy en Madrid, Ramírez señaló que si los PGE se aprueban en septiembre u octubre, "el Gobierno no tendrá tiempo material de gestionar" dicho aumento de fondos, y no podrá ejecutarlo.

Se corre el riesgo de que las autonomías tengan que devolver este incremento, prosiguió, y el número de beneficiarios seguirá estancado. "Incluso podría reducirse".

Según Ramírez, la inversión en el SAAD cayó en 459 millones de euros en 2019, fruto de los recortes de 2012, "que aún no se han revertido". En 2018 fueron 415 millones, y desde 2012 se han perdido 800 millones de forma acumulada, según afirmó.

De hecho, el acuerdo de gobierno entre PSOE y UP preveía un incremento de 515 millones para la atención de la dependencia, a fin de reducir la lista de espera un 80%.

"Llevamos dos años con presupuestos prorrogados", y en 2019, "no hubo ni Presupuestos, ni viernes sociales para la dependencia", lamentó Ramírez.

Por ello, instó al nuevo Gobierno a "dejarse de discurso progresista, cuando seguimos con los presupuestos de Montoro. Obras son amores y no buenas razones", subrayó.

En esta línea, reclamó al Gobierno que reúna de forma urgente a los consejeros autonómicos y apruebe "un real decreto para incrementar el nivel mínimo del SAAD (aquel que depende del Estado) en 500 millones.

"Esto lo pueden hacer en menos de un mes", declaró.

De lo contrario, "tendría que asumir la ignominia de las más de 30.000 personas que morirán sin recibir la prestación a que tienen derecho", subrayó.

Denunció que en 2019 se produjo "un frenazo" en la reducción de la lista de espera (el primero desde 2015, cuando se incorporaron al sistema los dependientes de grado 1). "De seguir igual, 2020 mantendrá esta tendencia", advirtió. "Se necesitan esos 500 millones para incorporar a 80.000 nuevos beneficiarios y crear en torno a 17.000 nuevos puestos de trabajo".

PARÓN EN EL SISTEMA

El año pasado concluyó con 266.000 personas en lista de espera para recibir prestaciones sociales por una situación de dependencia ya reconocida (20.000 más que el año anterior). Esto supone el 19,2% de las personas con derecho, apuntó Ramírez, a las que hay que añadir 160.000 expedientes pendientes de valoración, 30.000 más que hace un año. En total, unas 426.000 personas están desatendidas, 50.000 más que en 2018.

De estas, el 42% son grandes dependientes. Es decir, 113.275 personas con necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado (grados II o III) no reciben ninguna prestación -15.000 más que en 2018-.

Según el Imserso, el tiempo medio de espera para recibir una prestación asciende a 426 días, pero en algunas comunidades supera los 700, y apuntó que al ritmo actual se tardarían casi cinco años para lograr la plena atención. Si tenemos en cuenta que muchas de estas personas tienen más de 80 años, se entiende que no pueden esperar.

Dos comunidades terminaron el año con menos beneficiarios que cuando empezaron: Asturias -966-, y Extremadura -952-. En enero de 2020, Murcia también registró menos beneficiarios.

SISTEMA LOW COST

Por otro lado, Ramírez denunció que las prestaciones y servicios concedidos "son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes". 2019 registró un incremento de 60.000 servicios y prestaciones (sin contabilizar teleasistencia y prevención), 38.000 menos que el año anterior.

Los servicios de teleasistencia, prevención y cuidado familiar supusieron el 55,5% del total. "Caminamos hacia un sistema low cost", advirtió Ramírez.

De hecho, la cuantía media de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar es de 247 euros mensuales (140 para el grado I, 245 para el II y 340 para el III).

Sin embargo, la ayuda a domicilio, esencial para la permanencia en el hogar, tiene una intensidad media de 17 horas mensuales para el Grado I, 35 horas para el II y 54 horas para el III.

Del mismo modo, los servicios de mayor intensidad y coste (residencias, centros de día y asistente personal), para personas de grado II y III, sólo suponen el 7,7% de las nuevas prestaciones o servicios en 2019.