Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en 2018 un total de 148 países detectaron alrededor de 50.000 víctimas de trata, aunque, según destacó Manos Unidas, el número real de personas afectadas es mucho mayor “dada la naturaleza oculta de este delito”.

El informe muestra que los traficantes se aprovechan especialmente de los más vulnerables, como los inmigrantes, las personas sin trabajo y los menores de edad. En el caso de los niños y niñas, su presencia entre las víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años. Las niñas son tratadas principalmente con fines de explotación sexual y los niños son utilizados para trabajos forzados.

CASOS

La ciudad costera de Zamboanga es la sexta ciudad más poblada de Filipinas y su puerto internacional supone, en palabras de la organización, “la puerta trasera” para la trata de personas en el continente asiático.

Es así como aproximadamente 8.000 víctimas de trata han sido rescatadas en el puerto internacional de Zamboanga desde 2011. De este número, alrededor de 300 eran menores de edad, en su mayoría niñas. Sin embargo, no se contabilizan las víctimas que pueden existir en los 100 muelles privados en la ciudad, ya que, según explicó Manos Unidas, eluden los controles y algunos son utilizados para actividades ilegales como la trata de personas.

En este contexto, la ONG Katilingban Sa Kalambuan Org. Inc. (KKI), con la que colabora Manos Unidas, puso en marcha en 2008 el Tanglaw Buhay Center, un centro de acogida y reinserción de niñas víctimas de tráfico y violencia sexual, recién construido en una nueva ubicación, que ha logrado reintegrar en la sociedad a más de 350 niñas.

El perfil de las víctimas suele ser “chicas jóvenes, y también niñas, que vienen de hogares rotos o con escasos recursos económicos, bajos niveles educativos y cuya biografía está marcada por la violencia física, psicológica y/o sexual. En algunos casos, es en el seno de la familia donde se cometen los primeros abusos. Otras veces las familias son engañadas, o confían en redes ilegales que emplean a las niñas como trabajadoras domésticas en condiciones de semi esclavitud o como trabajadoras sexuales”, tal y como detalló la directora del Tanglaw Buhay Center, la doctora Marcelina Carpizo.

Es por ello que Manos Unidas resaltó que la pobreza generalizada y la persistencia del conflicto armado son factores que alimentan la trata, pues los traficantes aprovechan el contexto para ofrecer “salidas” a las familias con hijos desatendidos. Sin embargo, existen otras causas, como la discriminación de género, las secuelas de la guerra, la falta de información y educación y la corrupción oficial.

La organización concluyó que es probable que la pérdida generalizada del empleo e ingresos y la inseguridad política y económica a causa de la pandemia, hagan crecer las tasas de trabajo infantil, explotación sexual, trata de niños y embarazos de adolescentes.

Otro caso es el de las mujeres y niñas inmigrantes venezolanas que son, cada vez más, un objetivo para las redes de trata con fines de explotación sexual en Colombia. La situación, aunque no es nueva, sí se ha agudizado como consecuencia de la diáspora de venezolanos que cruzan la frontera con Colombia, señaló, Manos Unidas.

En este caso, añadió que el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) con la ayuda de la ONG ha contribuido a que la Defensoría del Pueblo en Colombia generase la alerta temprana 025. En esta alerta se expone que las mujeres son abordadas por la red criminal en las ciudades fronterizas de San Cristóbal, Ureña y San Antonio del Táchira ”bajo falsas promesas laborales”, y luego “las trasladan engañadas hacia la región del Magdalena Medio con fines de explotación sexual”. Muchas de las víctimas no denuncian nunca su situación, debido a que el tráfico de personas es ejecutado por grupos armados.

La cuestión es que, según informó Manos Unidas, los establecimientos de las ciudades en los que las víctimas eran explotadas fueron cerrados a consecuencia de la pandemia, lo que provocó que las mujeres fueran trasladadas a regiones rurales, principalmente a zonas mineras de difícil acceso y bajo control de grupos armados. Esto hace que la “invisibilidad” de la trata sea mayor, ya que las instituciones públicas tienen más dificultades para detectar los casos.