En el encuentro, el delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU del Cermi, Jesús Martín Blanco, criticó la ausencia de un operativo de accesibilidad común en todos los territorios, ya que este servicio se presta desde las comunidades autónomas.

En algunas de ellas “se han habilitado sistemas en los que las personas con discapacidad auditiva se registran y pueden enviar mensajes de texto en caso de emergencia”, explicó, pero si salen del territorio de la comunidad en la que se han registrado “les deja de ser posible realizar dicha llamada de emergencia”.

A su juicio, “no garantizar la accesibilidad de este servicio implica dejar fuera de la protección a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”. Esto les sitúa en una “situación de emergencia permanente, comprometiendo su integridad y su seguridad”.

En su intervención, Martín Blanco destacó “la imperatividad de los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que en su artículo 11 hace un llamamiento a los Estados para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo.

Junto a Martín Blanco, en la reunión participaron Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad, y Alberto Herrera, director general de Emergencias y Protección Civil, así como representantes de las comunidades autónomas en materia de emergencias.