Como coordinadora regional para La Guajira (Colombia) de la Fundación Renacer, ha dedicado más de dos décadas de su vida a ayudar a esta organización sin ánimo de lucro a alcanzar su objetivo de erradicar la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Fundada hace 32 años, la organización ha asistido a más de 22.000 niños y adolescentes supervivientes de explotación sexual y de otros tipos de violencia sexual y de género.

“Personas como Maye representan lo mejor de nosotros. Su valentía y entrega desinteresadas para rescatar y proteger a algunos de los niños y niñas más vulnerables del mundo son simplemente heroicas”, dijo Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. "Ella encarna la esencia de este premio. Su dedicación inquebrantable ha salvado las vidas de cientos de niños y niñas refugiados y les ha devuelto la esperanza de un futuro mejor”, añadió.

El Premio Nansen para los Refugiados de Acnur rinde homenaje a quienes han prestado servicios excepcionales a las personas desplazadas por la fuerza. A lo largo de los años, más de 82 activistas, grupos u organizaciones han recibido el premio por su inquebrantable dedicación hacia los refugiados y su destacada labor en favor de desplazados forzosos o apátridas.

BIOGRAFÍA

Desde hace más de 20 años, Maye realiza un trabajo fundamental para rescatar a niñas y niños que son víctimas de la explotación sexual y la trata. Recorre a pie las calles de pueblos y comunidades en el noreste de Colombia, a menudo con peligro para su propia seguridad, con el fin de actuar allí donde operan los traficantes y tratantes de personas.

Maye dirige un equipo en la Fundación Renacer que trabaja en estrecha coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad gubernamental encargada de proteger a la niñez en Colombia. En su labor de denuncia, ha hecho llamamientos a la sociedad civil, a las autoridades colombianas y al sector del turismo -terreno fértil para la explotación sexual y la trata de personas en Colombia- para que garanticen la protección de los niños, niñas y adolescentes.

En 2009, el incesante activismo de Maye contribuyó a la adopción de dos medidas legislativas históricas. La Ley 1329 estableció una pena mínima obligatoria de al menos 14 años de cárcel para las personas condenadas por facilitar e instigar a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. A su vez, la Ley 1336 puso la mira en los propietarios de establecimientos que permiten la explotación sexual de niños y niñas en sus instalaciones.