La jornada fue moderada por Esperanza Alcaín, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Granada y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad, y contó como ponentes al propio Vargas; Eugenio Llamas, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, y José Pérez Tirado, abogado comprometido con las víctimas de accidentes de tráfico.

Vargas indicó que España cuenta ahora con cerca de 60.000 presos, de los cuales unos 1.400 se encuentran en algún centro penitenciario al haber sido condenados por cometer algún delito en materia de seguridad vial.

Comentó que la entrada en prisión es “lo último” que la Fiscalía desea para las personas juzgadas, pero añadió que el Código Penal incluye supuestos penales que así lo permiten.

Por otro lado, Vargas rehusó hacer un pronóstico de cuántas personas serán condenadas este año por infringir el Código Penal en materia de seguridad vial.

Recalcó que cada año se ejecutan números “muy altos”, de cerca de 80.000 condenas, lo que supone un tercio del total de las sentencias condenatorias que dictan anualmente los jueces en España.

No obstante, la cifra de 2020 previsiblemente será menor debido al drástico descenso de los desplazamientos en carretera registrado durante el primer estado de alarma por la crisis del coronavirus entre marzo y junio: del 60 al 70% de lunes a viernes, y cerca de un 90% en fines de semana, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Servimedia.

Además, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han reducido a una quinta parte las pruebas de alcohol que realizan a los conductores, precisamente por esa bajada de la movilidad, pero también por cambios en el protocolo debido a que los test suelen realizarse por aire aspirado.

La evolución de las condenas a conductores en esta década es la siguiente: 80.777 en 2010, 91.932 en 2011, 97.359 en 2012, 83.382 en 2013, 92.682 en 2014, 83.283 en 2015, 80.831 en 2016, 81.951 en 2017, 89.264 en 2018 y 80.480 en 2019.