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Banco de España

Política social

29 Mayo 2019

También alerta de que tener una población envejecida afecta al crecimiento

El Banco de España pide “medidas de calado” en pensiones, sanidad y dependencia, frente al envejecimiento

Servimedia / Madrid

El Banco de España advierte de que “los flujos de inmigración solo pueden compensar el envejecimiento demográfico en el corto plazo”, por lo que insta al Gobierno a tomar “medidas de calado” en pensiones, sanidad y dependencia, de modo que se revisen sus fuentes de financiación y el nivel y eficiencia de las prestaciones.

"Las reformas tienen que ser financieramente sostenibles, ofrecer las prestaciones suficientes y distribuir equitativamente los costes y los beneficios entre las generaciones actuales y las futuras”, afirma el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos en su informe anual de 2018, donde señala que el efecto positivo de la inmigración “se desvanecerá más allá del corto plazo engrosando adicionalmente la población en edades más avanzadas”.

Sin embargo, reconoce que “la inmigración podría mitigar, al menos en parte, el envejecimiento demográfico, al aumentar el tamaño de la población en edad de trabajar, al igual que ocurrió en la década anterior a la crisis".

Sobre la necesidad de “medidas de calado”, apunta que las estimaciones más recientes anticipan un incremento significativo del gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración derivado del “sustancial” aumento previsto en la tasa de dependencia que incluso en las proyecciones demográficas más optimistas pasaría del 25 % actual a superar el 50 % a mediados del presente siglo.

En cuanto a las pensiones, lamenta que durante 2018 se puso en suspenso la aplicación de los principales elementos que se introdujeron en la reforma de 2013 del sistema público para apuntalar su sostenibilidad, sin que, hasta la fecha, se hayan activado otros mecanismos alternativos que lleven a cabo esa función, En concreto, se refiere al retraso de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023 y a la vuelta a un sistema de revalorización anual de las pensiones en línea con el IPC.

Asimismo, defiende que debería producirse un reequilibrio entre la duración de la vida laboral y la de la jubilación, alargando la edad final de salida del mercado de trabajo. Por ello, pide medidas laborales que favorezcan la permanencia en el empleo de trabajadores de mayor edad y que “hagan más flexibles sus transiciones entre puestos de trabajo y no sus transiciones hacia la inactividad”.

RECHAZO A LOS CONTRATOS DE RELEVO

En esta línea, advierte de que los incentivos económicos a la sustitución de trabajadores mayores por otros más jóvenes, con frecuencia, “tienen un coste significativo para el sistema de pensiones y no favorecen especialmente las oportunidades de empleo de estos últimos”.

Alternativamente, propone el desarrollo de políticas activas del mercado de trabajo que contribuyan a mejorar la capacitación profesional a lo largo de todo el ciclo vital, especialmente tras un período en el que el gasto en dichas políticas se ha reducido y ha perdido eficacia.

Asimismo, en el informe anual el Banco de España añade que es conveniente explorar políticas que refuercen el vínculo entre la cuantía de la pensión contributiva recibida y las contribuciones realizadas

Más allá de la sostenibilidad de las pensiones, el Banco de España alerta de que el envejecimiento de la población plantea una serie de retos adicionales para la política fiscal que deben ser tenidos en cuenta en el marco de la estrategia de mejora de la calidad de las finanzas públicas.

Por el lado del gasto público, explica que las sociedades más envejecidas requieren mayores gastos sociales (por ejemplo, en sanidad y en pensiones) dirigidos a grupos de población de edades más avanzadas y que este aumento del gasto relacionado con el envejecimiento podría lastrar el gasto que es necesario para favorecer el dinamismo futuro de la economía, como, por ejemplo, el destinado a educación o a inversión en determinadas infraestructuras.

En la vertiente de los ingresos, sostiene que, en ausencia de cambios en el diseño actual de las principales figuras impositivas, el envejecimiento poblacional incide tanto en una menor recaudación por cotizaciones sociales (dado el menor peso de los individuos que perciben rentas salariales) como en una cierta pérdida de progresividad y de capacidad de recaudación del impuesto sobre la renta, dados los menores tipos efectivos soportados por los contribuyentes de mayor edad.

Adicionalmente, menciona que la recaudación por impuestos indirectos puede también verse reducida en la medida en que la población de mayor edad tiende a consumir bienes y servicios típicamente gravados con tipos efectivos más bajos.

Por último, concluye que existe evidencia de que, en países avanzados, en las décadas recientes, el envejecimiento de la población ha estado asociado a una reducción del crecimiento potencial por menor tasa de empleo y por caída de la productividad.