La ayuda que aprueba el Consejo de Ministros complementa los ingresos de familias vulnerables, esto es, aquel que, al mes, tiene una renta que se queda 10 euros por debajo o más del umbral mínimo que completará el Estado. Es decir, una familia a la que cumpliendo los requisitos le corresponde una renta mínima de 1.015 euros tendrá derecho al complemento si ingresa 1.005 euros o menos.

¿Quién tiene derecho a cobrarla? En teoría el ingreso mínimo socorre a familias, habrá un titular del derecho, pero se destina a la “unidad de convivencia”, como se llama oficialmente. Para que el hogar pueda recibir la ayuda, deberá estar en situación de vulnerabilidad. Se considerará que una familia es vulnerable cuando su renta mensual se quede 10 euros o más por debajo de lo que les correspondería. A partir de aquí se establecen otros requisitos como que el titular de la ayuda sea mayor de edad si tiene hijos y personas a su cargo. Si el hogar está compuesto por un solo individuo, este deberá ser mayor. En el último borrador conocido se fija una edad mínima de 23 años, en otros se hablaba de 21 años, y tres años desde que la persona se emancipara. Si la beneficiaria ha sido víctima de malos tratos o de trata, ese requisito no se tendrá en cuenta.

¿Tienen derecho a él los inmigrantes? Sí. Deberán vivir legalmente en España durante al menos un año. Como en el caso de la edad, esta exigencia se diluye cuando se trata de víctimas de malos tratos o de trata.

¿A cuánto asciende la ayuda? No es una cantidad fija, porque en realidad depende de la renta que tiene la familia y de su situación. El ingreso mínimo lo que hace es completar la renta hasta el nivel que concrete la norma, que contempla 14 tipos de hogar. Estos irán desde el compuesto por un adulto solo, al que le corresponderán 461,5 euros mensuales, hasta las familias compuestas por tres adultos y dos niños o más o por cuatro adultos y un niño (1.015 euros).

¿Cómo se mide la renta? Para calcular cuáles son los ingresos de un hogar se tomará la renta neta del año anterior. En esas rentas, no se tendrá en cuenta el dinero de becas o ayudas de alquiler.

Como este método podía dejar fuera a las víctimas económicas del coronavirus que se han quedado fuera de otras ayudas, sobre todo las de desempleo, el último borrador incluye una disposición adicional que permite el acceso de este colectivo teniendo en cuenta los ingresos proporcionales correspondientes al periodo de tiempo transcurrido de este año. Esta salvedad estará vigente durante todo este año. El decreto también contempla que un reglamento pueda fijar condiciones para situaciones individuales de caídas de ingresos en un año y que el afectado no tenga que esperar todo el año. También se tendrá en cuenta el patrimonio (inmuebles, cuentas corrientes…), sin tener en cuenta la vivienda habitual.

¿Qué relación deberán tener los beneficiarios con el mercado laboral? El ministro José Luis Escrivá ha advertido muchas veces de que su intención es que la ayuda sea compatible con el trabajo remunerado y dado de alta en la Seguridad Social, como una forma de luchar contra la pobreza laboral. Quienes no tengan empleo deberán estar inscritos como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo si están en paro. Esta exigencia es rechazada con contundencia por la Asociación de Directoras y Gestores de Servicios Sociales, que entiende que muchos de los potenciales beneficiarios de la ayuda son inempleables por sus circunstancias personales (problemas psicológicos, alcoholismo…). El texto abre la puerta a fijar excepciones a este requisito, pero deberá hacerlo a través de un reglamento.

¿Quién lo gestiona? El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) se hará cargo de la gestión del ingreso mínimo en toda España, excepto en Navarra y el País Vasco, donde el Gobierno ha pactado con el PNV que serán las administraciones autonómicas las que se hagan cargo. 

¿Cómo se financia? Los números que ha adelantado el ministro Escrivá señalan que el coste de la medida será de unos 3.000 millones al año que se pagarán mediantes una transferencia que Hacienda hará a la Seguridad Social. Para que los ayuntamientos se impliquen en la gestión, el ministerio prevé que las corporaciones locales puedan incrementar un 5% el gasto de personal.