Compartir en redes sociales

Mujer consultando su móvil

Coronavirus

15 Abr 2020

Y expresa su inquietud ante la posibilidad de que se emplee el seguimiento móvil para vigilar a las personas contagiadas

Migrantes, víctimas de violencia de género y personal sanitario, principales preocupaciones de Amnistía tras un mes de estado de alarma

Servimedia / Madrid

Amnistía Internacional mostró este miércoles su preocupación por la situación de las víctimas de violencia de género, los migrantes y solicitantes de asilo y el personal sanitario en la actual crisis sanitaria y económica causada por el coronavirus, con motivo del primer mes de la declaración del estado de alarma y ante la primera sesión de control al Gobierno.

Asimismo, expresó su inquietud ante la posibilidad de que se emplee el seguimiento móvil para vigilar a las personas contagiadas y subrayó que todo uso de la tecnología debe respetar la legislación. A su juicio, estos cuatro puntos deberían abordarse de forma preferente hoy en el Pleno del Congreso.

El director de Amnistía España, Esteban Beltrán, subrayó que "todas las personas tienen derecho a la salud, también los migrantes y refugiados, cuyas necesidades no quedan paralizadas como consecuencia de la crisis sanitaria en la que nos encontramos".

Llamó la atención sobre la realidad de los migrantes, en especial de aquellos que viven en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes hacinado de Melilla y los que precisan asistencia letrada, que pueden ver en peligro estos derechos.

Además, reclamó que se ofrezca "información más detallada con urgencia sobre el funcionamiento del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del coronavirus, ya que las denuncias por este motivo han descendido "de forma alarmante" durante el mes de confinamiento.

También pidió más detalles de la coordinación entre las distintas administraciones públicas y respecto a las medidas que efectivamente se adoptan para garantizar tanto la seguridad como la adecuada atención de las mujeres y sus hijos e hijas.

Otra de las preocupaciones de Amnistía Internacional es la situación en la que se encuentra el personal sanitario, con más de 25.000 contagiados y 26 fallecidos. "Un mes después de la declaración del estado de alarma, los profesionales de la salud siguen sin contar con materiales de protección en cantidad y calidad suficiente", indicó. Destacó que "todas las personas del sector sanitario que trabajen en hospitales, centros médicos, centros socio-sanitarios, residencias de mayores u hoteles medicalizados necesitan protección.

Según Beltrán, “nos preocupa que, por ejemplo, los y las médicos de atención primaria están realizando visitas a domicilios, que son zonas de alto contagio, sin materiales adecuados que los protejan”.

Además, Amnistía denunció que el personal sanitario no dispone de manera generalizada de test de detección, a pesar de que se trata de un sector prioritario que debería acceder a una prueba que confirme si están contagiados o no. "En el caso de contagio, los trabajadores deben ser retirados del servicio que efectúan" y reclamó que "ningún profesional sanitario se incorpore a su puesto de trabajo sin confirmar la negatividad, ya que supone un riesgo elevado para la población, los pacientes y el resto del personal sanitario".

TECNOLOGÍA

En cuanto a los anuncios del Gobierno español sobre la posibilidad de usar aplicaciones tecnológicas a través de los teléfonos móviles para hacer seguimiento de las personas afectadas por el coronavirus, Amnistía Internacional advirtió de que la recopilación y el uso de datos personales durante la pandemia deben tener "el único fin de responder y vencer a esta crisis".

"La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones para salvar vidas y contener la pandemia", prosiguió, además de ayudar a difundir mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud. Sin embargo, todas las medidas de seguimiento o vigilancia que se adopten "deben ser previamente establecidas por ley, estar sometidas a mecanismos externos de supervisión independientes y al control judicial". Además, han de ser "necesarias, proporcionales y justificadas para objetivos legítimos de salud pública"", concluyó.