El estudio, presentado este martes en la sede de la ong en Madrid, refleja que aunque España tiene una tasa de escolarización de 0 a 2 años del 38%, superior a la media europea, en ese porcentaje se encuentran mayoritariamente los niños de familias de mayor nivel educativo, no las más vulnerables.

De hecho, el estudio indica que un tercio de los niños de 0 a 3 años no logra acceder a la escuela infantil a pesar del interés de sus familias. Así, el 62,5% de los niños más ricos acceden a la escuela infantil, pero sólo el 26,3% de los más pobres van a ella.

Según subrayó el director general de Save the Children, Andrés Conde, con el fomento de la escolarización en esa franja de edad se reduciría la desigualdad social, se lucharía contra los "lastres" educativos que provocan los déficits en etapas educativas tempranas. En España hay 1,2 millones de niños de 0 a 2, de los que están escolarizados 473.000.

Conde también apuntó que la escolarización de 0 a 3 favorece la conciliación y tiene "un impacto fortísimo" en la pobreza y la natalidad. "Si se universaliza, la capacidad de acceso de las mujeres al mundo laboral superaría el 8% que aumentó cuando en los años 90 se impulsó la escolarización de los niños de 3 a 6 años", comparó.

Asimismo, según Save the Children, sería una herramienta contra la pobreza infantil y fomentaría la natalidad. "Aumentar el 1% la escolarización de los niños de 0 a 3 tendría un impacto de un aumento del 5% en la natalidad en España", recalcó el director de la organización.

Pero también apuntó razones de tipo educativo para hacer esa reivindicación: es la edad en la que el cerebro "es más plástico" y cuando "el ser humano se fragua".

Además, la educación infantil es "de las mejores medidas contra el fracaso escolar y el abandono temprano", para lo que también hay "evidencias", indicó, pues "el abandono escolar temprano tiene un coste de 17.000 millones de euros".

Así, en vistas de que hay cierto "consenso" en los programas electorales para impulsar la educación temprana, la organización pide a los políticos acciones concretas para lograrlo, reconociendo el derecho de los niños de 0 a 3 años a tener una plaza, contar con apoyo económico estatal (a través de plazas públicas y ayudas directas a familias con bajos recursos) y estableciendo una "regulación estatal de mínimos", que fije unos criterios generales sobre ratios, currículos y calidad.