Actualmente hay 422.959 personas a la espera de que se resuelvan los trámites para ser reconocidas como dependientes. Desde que presentan la solicitud hasta que concluye el procedimiento deben esperar una media de un año y dos meses para ser beneficiarios. En algunas comunidades autónomas como Canarias la espera llega a los dos años.

En Extremadura y Andalucía se superan los 600 días, mientras que en Cataluña alcanzan los 576. De hecho, la administración catalana es junto a la andaluza de las que más expedientes tiene en cola: 103.051 y 122.768, respectivamente.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses, es decir, 180 días. Este parámetro sólo lo cumplen cuatro regiones: Ceuta (70 días), Melilla (170), el País Vasco (137), Navarra (155) y Castilla y León, que sobrepasa mínimamente el máximo con 191 días de espera.

Las ayudas a las que esperan estas personas son imprescindibles para sobrellevar una situación de dependencia. Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros. Varían desde los 140 euros al mes para los de Grado I, los 245 euros para los de grado intermedio y 340 euros para los más graves.

Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del que se trate. La prestación vinculada para abonar una plaza en residencia oscila en torno 550 euros mensuales. La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado constituye para la asociación de gerentes un "segundo copago" o “copago invisible”.

“En líneas generales podemos afirmar que la atención a la dependencia puede constituir actualmente un cierto apoyo para muchos casos, pero casi nunca una auténtica solución o una mejora para la vida de la gente”, aseguró la organización.

En este sentido, los trabajadores sociales aseguraron que no todos los problemas del sistema son financieros, pese al recorte mantenido desde 2012. “Gracias a la alarmante incapacidad política generalizada, a la falta de voluntad decidida y a la consiguiente ausencia de presupuestos, el colapso del sistema y la violación de derechos están ahí”, denunciaron.