- Respaldo unánime en el Congreso a la ilegalización de las esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad
El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad la proposición de ley que busca reformar el Código Penal para ilegalizar las esterilizaciones no consentidas de personas incapacitadas judicialmente. Todos los parlamentarios presentes en la Cámara se pusieron en pie y aplaudieron el respaldo unánime a esta iniciativa que ahora volverá al Senado para su ratificación definitiva.
- Las esterilizaciones forzosas como forma de violencia en la nueva ley de libertad sexual
La Fundación Cermi Mujeres (FCM) ha pedido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que las esterilizaciones forzosas sean contempladas como una forma más de violencia sexual, en línea con la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado, dentro de la futura ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
- Un centenar de mujeres con discapacidad sufren una esterilización forzosa cada año en España
Alrededor de 100 personas con discapacidad sufren cada año una esterilización forzosa en España, la gran mayoría mujeres, según denunció este jueves la confederación Salud Mental España coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana, 8 de marzo.
- Ciudadanos pide suprimir la esterilización forzosa de discapacitados incapacitadas judicialmente
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha presentado en el Congreso de los Diputados junto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) una proposición de ley para suprimir la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
- La esterilización forzosa es “la vulneración más grave de los derechos humanos de la discapacidad” vigente en España
La Fundación Cermi Mujeres (FCM) ha denunciado que la admisión de la esterilización forzosa o no consentida para personas incapacitadas judicialmente, que se aplica fundamentalmente a mujeres con discapacidad, “es la vulneración más grave de los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad que persiste en el ordenamiento juríd