El trabajo, dirigido por David Cantarero, profesor de la Universidad de Cantabria, tiene como objetivo estudiar el impacto económico y social asociado a un modelo de vivienda inclusiva para las personas con discapacidad intelectual.

El estudio incide en la importancia de aportar evidencias que justifiquen la necesidad y oportunidad de cambiar el modelo de servicios asistenciales por uno de vivienda y vida en comunidad.

Se trataría de evolucionar desde una atención residencial, más preocupada por la seguridad, la alimentación y los cuidados más básicos de la persona, hasta un modelo que ofrezca apoyos que mejore su calidad de vida y aumente su nivel de desarrollo personal, autodeterminación e inclusión social.

El texto arguye que uno de los factores más relevantes para explicar variaciones en la calidad de vida de todas las personas es el entorno en el que residen. Por ello, concluye que el hecho de que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir en comunidad “fomenta la independencia, la vida activa y la inclusión social” de las personas con discapacidad intelectual.

También subraya la necesidad de contar con apoyo económico para ahondar en el fomento de este tipo de iniciativas a través de inversión pública.

Los autores del estudio destacan que “los altos costes que supone la inversión en modelos de viviendas inclusivas integradas en la comunidad no deben considerarse meramente un gasto, sino que han de ser vistos como una inversión que puede ser rentable y beneficiosa no sólo para los usuarios con discapacidad intelectual y sus familiares, sino también para toda la sociedad”.

En ese sentido, señalan que por cada euro que se invierte en el modelo de vivienda inclusiva para usuarios con discapacidad intelectual, se consigue devolver a la sociedad, en términos de valor social y económico, un total de 3,21 euros.

A ello se suma que las personas con discapacidad obtienen un mayor retorno económico procedente de este tipo de inversiones (2,449 euros), seguidos de sus familiares y cuidadores informales (0,756 euros).

De hecho, la investigación pone de manifiesto que la mayoría de las personas con discapacidad intelectual desea vivir en modelos de vivienda inclusivos que “redundan tanto en mayores beneficios para ellos como para la sociedad en términos de rentabilidad”. El estudio ha sido financiado por la Dirección General de Políticas de Discapacidad adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.