Son datos que se desprenden del informe ‘Los abusos sexuales hacia la infancia en España', presentado en una rueda de prensa telemática y realizado por la citada ONG a partir del análisis de 400 sentencias de abusos a menores de 2019 y 2020.

Otro dato refleja esa “elevada prevalencia”, pues el 50% de las denuncias a la policía por abusos sexuales tiene como víctima a un menor. El ámbito cercano del menor es el más habitual donde se producen estos delitos, pues en un 50% de los casos el agresor es un familiar.

Para Conde, todo ello supone la “punta del iceberg” de una realidad que apenas se denuncia para que no salga del ámbito del hogar. Distintos informes apuntan a que sólo el 15% de los casos se denuncian a la policía.

Es la “ley del silencio”, lamentó la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, que urgió a España a adaptarse con normativas acordes para frenar esta lacra.

PERFIL

El perfil de la víctima, a partir de las sentencias analizadas, corresponde a una media de 11 años y medio como edad de inicio de sufrir estos abusos, aunque tienen mayor prevalencia en mayores de 13 años. Y las víctimas son mayoritariamente niñas y chicas adolescentes, pues en estos casos pesa el “factor género”: el 79% de los casos son niñas o chicas.

En datos, el año pasado, en plena irrupción de la pandemia de la Covid-19 y con el cierre de centros escolares y el confinamiento en el hogar se contabilizaron más de 5.800 denuncias que tuvieron como víctimas a niños. “Y esto fue en el año Covid”, subrayó Conde, que impidió una mayor visibilidad de los casos. De hecho, en 2019 se superaron los 6.150. En cualquier caso, Conde remarcó que no se denuncia más porque “los familiares protegen el entorno del hogar antes de llevar el caso a la policía”.

En cuanto al agresor, suele ser “un familiar o una persona que conoce al niño o la niña”. “Son personas que conviven con los menores en el entorno familiar”, zanjó Conde, pues en el 84% de los casos la víctima conocía a su agresor y tenía una relación previa con ella. En el 21% de estas situaciones el agresor es el padre o la pareja de la madre.

Conde apuntó que esta lacra afecta a “todo tipo de familias” y de “todo tipo de circunstancias”, como prueban las sentencias. Además, “los agresores son difíciles de identificar, solo un 12,5% de los casos estas personas tenían antecedentes, por lo que casi el 88% son ciudadanos perfectamente integrados en la sociedad y de los que nadie sospecha”.

QUIÉN DENUNCIA

El director de Save the Children también explicó lo que sucede cuando el niño revela que es víctima: “La denuncia se produce por el propio niño, en más del 33 % de los casos y en el 28% es la madre”. A partir de ahí, “el proceso es enormemente doloroso, constituye un nuevo calvario absolutamente inaceptable”.

Aunque la duración media ha disminuido en un año respecto al informe que publicó la ong hace cuatro años (la última media es de dos años), “todavía hay procesos que duran más de cinco años”. En ese tiempo, prosiguió, el menor está viviendo una situación confusa de tener que seguir con su vida normal a la par que está inmerso en un proceso legal.

Además, ese “calvario” revictimiza a los pequeños. “La media en que los niños tienen que contar su historia es de cuatro veces” y lo tienen que hacer a desconocidos y “con todo lujo de detalles” y en espacios “hostiles” y “amenazadores” para un niño, como son los juzgados o comisarías. En estas cuatro declaraciones, refleja el informe, se incluye en el riesgo de contradicciones que dificultan la credibilidad de la denuncia.

Es más, protestó Conde, “en el 77% no se aplica la prueba preconstituida”, que supone registrar el primer testimonio del niño como prueba válida, y la mitad de los profesionales no tienen formación en derechos de la infancia ni en violencia hacia la infancia, que tienen características propias.

Durante el acto, celebrado en el marco del Día Universal de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre, Save the Children ha propuesto que se trabajen en la especialización de los Juzgados y la Fiscalía, para acabar con el “calvario judicial” que sufren los niños, niñas y adolescentes.

De hecho, Perazzo recordó el compromiso de España para adaptar la legislación a la protección de la infancia y recalcó la necesidad de dar formación especializada a los equipos de profesionales que trabajan en estos casos y crear espacios “amigables” para prevenir la revictimización de los menores abusados, que ya se ven inmersos en “consecuencias terribles”, en palabras de Conde, que pueden durar “incluso toda la vida”.