La economía social ha sido identificada por la Comisión como uno de los catorce ecosistemas industriales para la recuperación económica, dentro de la estrategia industrial. Por ello, con la presentación de este Plan de Acción, la Comisión busca ayudar a la economía social europea a prosperar, aprovechando su potencial económico y de creación de empleo, así como su contribución para una recuperación justa e inclusiva en el marco de las transiciones ecológica y digital.

A través del Plan de Acción, la Comisión busca intervenir en tres ámbitos. Primero, en la creación de condiciones favorables para que la economía social prospere. Segundo, en el incremento de oportunidades para la puesta en marcha y la expansión de las organizaciones de la economía social, aumentando en más de 2.500 millones de euros las ayudas a las empresas de economía social en el periodo 2021-2027. Y, tercero, quiere garantizar el reconocimiento de la economía social y su potencial, trabajando en darle visibilidad.

Además, el binomio economía social-discapacidad ha quedado plasmado en el Plan de Acción. Para empezar, se reconoce que la economía social complementa los esfuerzos de los Estados miembros para integrar a los jóvenes y a los grupos vulnerables, como las personas mayores o con discapacidad.

También hace referencia al hecho de que la economía social ayuda a la empleabilidad de las personas con discapacidad y proporciona servicios esenciales que ayudan a que lleven una vida autónoma, reconociendo que la economía social puede ser particularmente atractiva para los jóvenes y las personas con discapacidad.

CONTRATACIÓN

Por otro lado, también hay numerosas menciones a la labor de la economía social en materia de contratación socialmente responsable, incluyendo un párrafo especialmente dedicado a ella.

El Plan de Acción reconoce que el suministro de bienes y servicios a las autoridades públicas y a las empresas convencionales, así como la cooperación con las mismas, es fundamental para el desarrollo de la economía social, pues genera ingresos y permite la autosuficiencia financiera.

Asimismo, enfatiza que, dado que la contratación pública representa el 14% del PIB europeo, constituya una herramienta política clave para apoyar el desarrollo de la economía social. En este sentido, la Comisión se compromete a reforzar sus esfuerzos de sensibilización sobre cómo utilizar los procedimientos de contratación pública y de concesión para alcanzar los objetivos de política social, fomentando el intercambio de buenas prácticas e impulsando entre los funcionarios de contratación pública y las entidades de economía social dicho aprendizaje.

Para ello, se organizarán talleres en los diferentes Estados miembros; se lanzará en 2022 una nueva iniciativa en el marco del Programa de Mercado Único, que apoye la creación de asociaciones locales y regionales entre las entidades de la economía social y las empresas convencionales, permitiendo un mercado ‘buy social’ entre empresas, y se potenciará, en la medida de lo posible, el uso de cláusulas sociales en los procedimientos de licitación de la propia Comisión.

ACCIONES

En el documento se incluye una recapitulación de las principales acciones que va a llevar a cabo la Comisión Europea para desarrollar la economía social, así como las fechas aproximadas en las que se van a adoptar.

Entre todas ellas, hay que resaltar la propuesta de recomendación del Consejo sobre el desarrollo de las condiciones marco de la economía social; el lanzamiento en 2022 de una nueva iniciativa en el marco del Programa de Mercado Único; la creación de una Academia de Políticas Empresariales Juveniles, a fin de fomentar el espíritu empresarial de los jóvenes y de los emprendedores sociales; el lanzamiento de nuevos productos financieros en el marco del programa InvestEU destinados a movilizar la financiación privada dirigida a las necesidades de las empresas sociales, y la creación de un nuevo Centro Europeo de Competencias para la Innovación Social, que se encargará de impulsar la innovación social mediante un nuevo enfoque de la cooperación transnacional en el marco del FSE+ y que tendrá como máximos impulsores a España y Portugal.