El trabajo, cuyos datos han medido el impacto de la pandemia a través de una encuesta a 2.000 padres y madres de menores con edades comprendidas entre 4 y 14 años de toda España, compara sus resultados con la Encuesta Nacional de Salud de 2017, añadiendo una adenda vinculada a la realidad del suicidio, cuya muestra se amplió a los menores de 18 años, fue presentado este martes en un acto telemático por el director general de Save the Children, Andrés Conde, y la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

El acto contó con la proyección de dos vídeos, uno de los cuales recogió el testimonio de una madre, cuya hija se encuentra ingresada como consecuencia de los trastornos mentales que sufre, a la cual “no le queda un centímetro de su cuerpo para hacerse un corte” y que “en cuanto puede, se bebe un vaso de lejía”.

La mujer lamentó la falta de recursos y de profesionales especializados en salud mental, una realidad que “no vende, aunque ahora parece que se está hablando un poco de ella. Veremos adónde llegamos”, y deploró que los especialistas “todo lo resuelven con medicamentos”, a pesar de que “si a una persona que quiere quitarse la vida le das medicamentos, se lo pones en bandeja. Necesitamos ayuda”.

El otro de los vídeos compiló la experiencia de una joven de Sevilla de 18 años que intentó suicidarse, ya que “no veía futuro”, lo que le llevó a pensar en quitarse la vida “cada día y noche”. Esta chica, que desde los 11 años comenzó a sufrir ansiedad, depresión y trastorno adaptativo, padeció el acoso y el ciberacoso de compañeros de clase y profesores, y trastornos alimenticios.

A su vez, reconoció que la “medicación me hacía insensible, y creía que necesitaba otro tipo de terapia, más psicológica y menos psiquiátrica”, por lo que recurrió a la ayuda de Save the Children, gracias a la cual “estaba mejorando, pero la pandemia me cayó encima enormemente”. No obstante, apuntó que “sigo en la oscuridad, pero tengo mi foquito de luz”.

Ante esta situación, Andrés Conde explicó que el impacto emocional y psicológico de la pandemia, de las restricciones a ella asociada, “por primera vez ha puesto la salud mental en un orden de prioridad destacado en la agenda social y política”.

Esto le dio pie a comentar que, si bien el coronavirus ha afectado “de manera menos severa” a los menores desde lo epidemiológico, en lo psicológico sí ha hecho presa con ellos, debido a la falta de interacción social provocada por el cierre de los centros educativos, la falta de perspectivas laborales y el “estrés económico” de sus padres y el temor a contraer la enfermedad o a que sus familiares se contagien.

Tras este exordio, el director general de Save the Children presentó los datos del informe, en el cual queda de manifiesto que los trastornos mentales en la población infantil casi se han cuadriplicado durante la pandemia, pasando del 1,1% en 2017 al actual 4%. Una situación análoga se ha producido con los trastornos de conducta, los cuales se han triplicado, desde el 2,5% de 2017 al 6,9% de 2021.

A pesar de ello, deploró que los diagnósticos de estos trastornos “han caído muy significativamente”, ya que el Sistema de Salud (SNS) “ha estado completamente focalizado en la pandemia desde lo epidemiológico, y otros ámbitos de la salud han sido desplazados por cuestión de oportunidad”.

Andrés Conde también expuso que los niños con muchas preocupaciones o con tendencia a mostrarse inquietos han pasado del 19,5% en 2017 al 30,2%; aquellos que se encuentran infelices o desanimados han evolucionado desde el 8,4% al 18,1% en los últimos cuatro años; y los que se muestran solitarios y con preferencia a jugar solos han pasado del 18,7% al 26,6% en el mismo periodo de tiempo.

Detalló que los factores de riesgo que explican estos datos son la edad, ya que a medida que los chavales crecen los trastornos mentales “aumentan claramente”; el sexo, puesto que a partir de los 8 años las niñas manifiestan más trastornos mentales que los niños, mientras que en el caso de los trastornos de conducta se da la situación contraria; el estatus migratorio, observándose que las familias de origen foráneo sufren en mayor medida estos problemas que los hogares nacionales; los niveles de renta, como lo atestigua el hecho de que un 12,8% de los menores que viven en núcleos familiares sufren estos trastornos frente al 9,2% de los de renta media y el 2,6% de renta alta; el sufrir o no acoso escolar, una realidad que protagonizaba un 14% de los chavales en 2017 y un 16% en 2021; el maltrato en su entorno familiar; y el consumo de alcohol, tabaco y drogas.

Del mismo modo, llamó la atención sobre las diferencias territoriales en España, como consecuencia de las distintas respuestas a la pandemia dadas por cada una de las comunidades autónomas y por las diferentes estrategias en materia de salud mental.

En ese sentido, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Galicia presentan una incidencia de trastornos mentales y de conducta “muy superior a la que les correspondería por población”, mientras que Navarra, La Rioja y Castilla y León cuentan con una incidencia “muy inferior a la que les correspondería por población”.

SUICIDIO

En materia de suicidio, Andrés Conde celebró que “hoy las noticias son buenas”, ya que actualmente hay menos menores que se quitan la vida que hace 30 años. Sin embargo, a despecho de que se registró “una caída muy pronunciada” hasta 2008, en ese momento “se altera la tendencia y se asiste a diez años de crecimiento de los suicidios infantiles”.

Dejó claro que resulta “difícil establecer la causalidad” que explique esta situación, aunque sugirió que desde 2008 se comenzó a vivir un “periodo de inestabilidad económica y social”.

A pesar de que España sea uno de los países de la OCDE y de la UE con menor tasa de suicidios de menores, señaló que 61 niños y niñas se quitaron la vida en el país en 2020, siendo esta la primera causa de muerte infantil no vinculada a problemas de salud en el primer semestre del año, superada en el segundo semestre por los accidentes de tráfico.

Andrés Conde recurrió a los datos del Teléfono de la Esperanza para atestiguar que éste recibió 3.000 llamadas de menores con tendencias e ideación suicida, el 2% de la población menor de 18 años, un dato equivalente al de la encuesta de Save the Children, que muestra cómo el 3% de los progenitores saben que sus hijos se encuentran en esa situación.

Las causas en materia de suicidios infantiles, según el director de Save the Children, son la edad, el sexo, observándose que las niñas son más prevalentes a pensar en el suicidio, siendo los niños los que tienden mayoritariamente a suicidarse, y el nivel de renta, apreciándose una “correlación fortísima” en este ámbito, testimoniada en que la tasa de suicidio en los chavales que viven en hogares de renta baja triplica a la de los que habitan en familias de renta alta.

A ello se añade que los conflictos familiares graves, la separación de sus padres, el acoso, las humillaciones y los malos tratos por parte de iguales, la muerte de un ser querido, la soledad, el fracaso escolar, la discriminación por orientación sexual y el desengaño amoroso pueden llevar a un menor a intentar quitarse la vida.

ASISTENCIA SANITARIA

Por su parte, Catalina Perazzo puso de manifiesto que la pandemia ha demostrado que el Sistema Nacional de Salud y los servicios de salud mental infantojuveniles no están dotados para el reto que tienen ante sí.

A su juicio, el acceso a los servicios de salud mental en España es “a menudo una carrera de obstáculos”, como lo evidencia el hecho de las largas lista de espera -de más de un mes de media- para acceder a un especialista, aunque en algunos territorios superan los dos meses, con Murcia (79 días) y la Comunidad de Madrid (61) como máxima expresión.

Del mismo modo, afirmó que la ratio de psicólogo por habitante es de las más bajas de Europa (seis por cada cien mil habitantes) y que sólo el 60% de los hospitales del SNS cuentan con atención psicológica, a lo que se suma la “baja calidad” de la atención por la precaria frecuencia de las visitas: cada tres meses y de corta duración, y el recurso a la sobremedicación.

Por ello, Save the Children incorpora en su informe una serie de recomendaciones para que la Estrategia de Salud Mental consiga sus objetivos: una inversión de 44,6 millones para la formación especializada del personal docente, la formación del personal sanitario en detección temprana de comportamientos suicidas, la puesta en marcha de un teléfono de atención a la salud mental, exclusivo para la infancia y la adolescencia, con un coste estimado de 500.000 euros, la mejora de las estadísticas oficiales, y consolidar la especialidad de psiquiatría y psicología infantojuvenil, duplicando el número de plazas anuales convocadas de Psicólogo Interno Residente (PIR) hasta llegar a 400, con un coste estimado de 31 millones, y duplicando las plazas anuales convocadas del MIR en la especialidad de Psiquiatría hasta 600, con un coste de 12,4 millones.

Catalina Perazzo concluyó su intervención advirtiendo de que, a pesar de que la pandemia ha provocado que la salud mental haya entrado en el debate público “como nunca antes, convirtiéndolo en un tema de moda”, estas cuestiones “no son una novedad”.