Así lo refleja el informe ‘¿Qué denuncian los consumidores?’, presentado este jueves por el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, y que recoge los principales resultados de las 56.301 consultas y reclamaciones recibidas por la organización en el último ejercicio.

En concreto, el año pasado los equipos jurídicos de la asociación abrieron 11.143 expedientes de reclamación en representación de sus asociados y la cifra de consultas planteadas por los consumidores alcanzó las 45.158.

Los principales motivos de las reclamaciones contra la banca fueron, en primer lugar, la negativa a devolver gastos de formalización de hipotecas cobrados ilegalmente según Facua, seguida de la aplicación de intereses usureros en préstamos, fundamentalmente a través de tarjetas ‘revolving’ y el cobro irregular de comisiones.

La organización subrayó que durante el último año aumentaron las denuncias ante las “dificultades” que encuentran los consumidores para que los bancos les devuelvan cargos “fraudulentos” en sus tarjetas y cuentas corrientes, principalmente como consecuencia del robo de datos por parte de terceros.

VEHÍCULOS

Asimismo, la compra y reparación de vehículos se situó en la segunda posición en cuanto a las denuncias, con el 14,5%, como “consecuencia”, según la asociación, de su campaña para “ayudar” a los usuarios a reclamar el dinero cobrado de más al comprar sus vehículos entre los años 2006 y 2013 en el “cártel” de más de una veintena de fabricantes que sancionó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El tercer puesto lo ocuparon las telecomunicaciones, con el 13,2% de las reclamaciones, motivadas por los incumplimientos de ofertas y “engaños” para que los consumidores se den de alta, junto a las subidas “fraudulentas” de tarifas, el cobro de servicios no solicitados y los “abusos” que cometen estas compañías cuando los usuarios intentan darse de baja, que van desde continuar cargándole los recibos hasta la aplicación de penalizaciones de forma “ilegal”, según el informe.

En cuarto lugar se situó el sector de la energía, con el 10,8%, y, según el estudio, las compañías de gas y las de electricidad provocaron “multitud” de denuncias por errores en los recibos, la “invención” de que los consumidores manipulan sus contadores para intentar cobrarles multas y las subidas tarifarias “contrarias” a la legislación.

Según Facua, en 2021 destacaron “especialmente” las reclamaciones por la paralización de la emisión y cobro de recibos durante meses o la existencia de errores en los mismos como consecuencia de un “error masivo” por parte de las distribuidoras desde junio, cuando comenzó la facturación en tres tramos horarios.

En quinta posición se colocó la sanidad, con el 6,7% de las reclamaciones, con motivos como las quejas contra las clínicas dentales Dentix y el aumento de denuncias contra centros sanitarios privados por “deficiencias o irregularidades” en la prestación de sus servicios y problemas de saturación en sus clínicas, algo que, según el informe, también motivó un “buen número” de reclamaciones en la sanidad pública.

CONSULTAS

Por su parte, los sectores por los que los consumidores plantearon un mayor porcentaje de consultas sobre sus derechos en Facua fueron la banca y las empresas de servicios financieros (13,8%), la energía (13,1%), las telecomunicaciones (12,8%), la compra y reparación de vehículos (10,1%) y la sanidad (5,8%).

A la luz de estos resultados, el secretario general de Facua criticó la “pasividad” de las autoridades competentes ante los “fraudes masivos” que “sufren” los consumidores, que, a su juicio, “no reciben respuestas contundentes a través de multas coercitivas a las empresas que los cometen". "Desde el Ministerio de Consumo ni siquiera se da respuesta a las denuncias que presentamos", lamentó Sánchez, al tiempo que puso de manifiesto cómo, en las comunidades autónomas, los anuncios públicos de expedientes sancionadores por parte de las autoridades de consumo “son inexistentes o anecdóticos”, con la “excepción” de las Islas Baleares, la única que “habitualmente” da a conocer la apertura de procedimientos que acaban en multas.