Así lo anunció la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde explicó que esta reforma de la Ley de Empleo forma parte de los hitos del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y responde a las recomendaciones formuladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), entre otros organismos.

Además de incluir medidas dirigidas a sectores de la población que las necesitan, se amplían los colectivos de atención prioritaria que incluyen, ahora, personas con una determinada discapacidad intelectual, con trastornos del espectro autista, Lgtbi, víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, mayores de 45 años, migrantes, personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas gitanas o pertenecientes a otras minorías étnicas y personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración.

Los objetivos de la norma son establecer un marco de ordenación de las políticas públicas de empleo, promover y desarrollar la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo y ofrecer nuevas herramientas a las personas trabajadoras, desempleadas y ocupadas, y a las empresas, para mejorar la calidad del empleo, la orientación y el acompañamiento.

En este sentido, Díaz dijo que se “cambia la mirada” para mejorar los datos de empleo, mejorar “la cualidad, la cualificación y la formación de toda la población asalariada de nuestro país”. De este modo, resaltó que las políticas de empleo estarán destinadas a toda la población activa y no solo a las personas desempleadas.

Se incorpora el “rigor” de los datos en las políticas activas de empleo y se introducen mecanismos para evaluar el funcionamiento de las políticas públicas. Además, se introduce “un nuevo derecho”, que será “la adecuada protección social”, de forma que los servicios públicos de empleo van a tener que asesorar e informar sobre todas las medidas que existen, aunque no sean de carácter estatal.

Se regula también una “cartera común de servicios” en todo el país, de modo que se elaborará un perfil individualizado de la persona que recibirá tutorización individual y continuada y para la que se elaborará un itinerario personalizado. Cada usuario tendrá un expediente laboral personalizado único.

Cada persona recibirá formación para el empleo, podrá contar con asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento y el pilar de la nueva norma es el acompañamiento personalizado con la oferta de una cartera común de servicios de intermediación laboral eficiente. Además, estos servicios podrán prestarse presencialmente o de manera telemática.

También se favorece que en la Conferencia Sectorial de Empleo, formada por Gobierno y comunidades, se puedan adoptar recomendaciones para mejorar políticas que no estén “funcionando” adecuadamente y, al mismo tiempo, potenciar otras que sí estén dando frutos.

En materia de financiación, Díaz subrayó que hay proyectos que “no acaban el 31 de diciembre”, por lo que justificó que esta norma vaya a permitir que se pueda dar financiación hasta el 31 de marzo a proyectos autonómicos.

Igualmente, según explicó Díaz, las empresas estarán “obligadas” a comunicar las vacantes que tienen al servicio público de empleo, de modo que “cualquier ciudadano podrá comprobar dónde se está demandando empleo”.

Las empresas también tendrán a su disposición un catálogo de servicios garantizados que permitirá la gestión de las ofertas de empleo presentadas a los servicios públicos de empleo, información y asesoramiento en la contratación, identificación de necesidades de formación y apoyo en los procesos de recolocación. Además, podrán recibir información y asesoramiento sobre las ofertas en el ámbito de la Unión Europea a través de la Red Eures.

TRANSFORMACIÓN DEL SEPE

El actual organismo autónomo del Servicio Público de Empleo Estatal se transformará en la Agencia Española de Empleo. Este cambio permitirá mejorar su gestión y funcionamiento sin que suponga un cargo económico al erario público, según Trabajo.

Díaz explicó también que esta agencia incorporará unidades de análisis de datos y que para ello se va a “necesitar de personal cualificado” que “por desgracia hoy no tenemos” en el SEPE.

Asimismo, sostuvo que se van a respetar las “competencias constitucionales” de las autonomías, al tiempo que el todavía SEPE podrá rubricar convenios de colaboración con administraciones locales, lo que calificó como “vital”.

La eficacia de las políticas de empleo se someterá a un nuevo procedimiento de evaluación. Tanto la Estrategia como el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno estarán, por tanto, orientados a resultados.

Finalmente, se incorporan tres tasas para medir la mejora de la empleabilidad: la de empleabilidad, intermediación y cobertura.