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Servicios Sociales

Política social

22 Jun 2022

Se quiebra una débil recuperación que se venía constatando desde 2016, después de los recortes producidos por la crisis

El 62,2% de los españoles vive en comunidades con servicios sociales “débiles o irrelevantes”, un 21,7% más que en 2020

Redacción / Madrid

El 62,2% de la población española reside en comunidades autónomas con servicios sociales “débiles o irrelevantes”, un 21,7% más que en 2020, año del estallido de la pandemia, según consta en el ‘Índice DEC 2021’, un trabajo elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que mide la situación de estos servicios tras la irrupción del coronavirus.

El estudio pone de manifiesto que “se quiebra una débil recuperación que se venía constatando desde 2016, después de los recortes producidos por la crisis, a pesar de que en 2020 aumentó un 10% el gasto que las comunidades autónomas y las entidades locales realizaron en servicios sociales”.

A pesar de ese incremento del gasto, algunos servicios sociales “se han visto deteriorados o incluso han retrocedido”, como la red de Atención Primaria en barrios, comarcas y pueblos, que pasó de tener, de media, un profesional por cada 1.875 habitantes en 2020 a uno por cada 2.064 en 2021.

A ello se añade que el 62,2% de los españoles vive en un territorio con servicios sociales “débiles o irrelevantes”, un 21,7% más que en 2020, año de la irrupción de la pandemia.

El informe atestigua que los servicios sociales para personas mayores “no mejoran” en 2020, como lo ilustra el hecho de que las plazas residenciales se mantienen prácticamente igual (2,70%) que en 2019, cuando eran el 2,68%.

El servicio de ayuda a domicilio, a pesar de un incremento de dos décimas en su cobertura (del 4,9% en 2019 al 5,1% en 2020), “retrocede en su intensidad”, con 2,8 horas menos de media al mes (de 20,6 en 2019 a 17,8 en 2020).

A su vez, los centros de día se mantienen prácticamente igual (+0,01 puntos) y el servicio de teleasistencia se reduce dos décimas. También retroceden o tienen incrementos “muy débiles” los acogimientos familiares a menores (-0,3), las plazas residenciales para personas con discapacidad (+0,06), las plazas diurnas y ocupacionales para personas con discapacidad (-0,1), y las plazas de alojamiento para personas sin hogar (+0,5).

Por otro lado, el gasto de las comunidades autónomas y de las entidades locales en servicios sociales aumentó un 10%, pasando de una media de 406,3 euros por habitantes en 2019 a 446,9 euros en 2020, como consecuencia de la situación excepcional provocada por la pandemia.

A pesar de ello, existen divergencias en el gasto por comunidades autónomas, con algunos territorios, como Extremadura y La Rioja, que destinan 540,4 y 512,7 euros por habitante, frente de Madrid y Murcia, que dedican 357,1 y 317,4 euros por habitante.

En esa línea, el porcentaje del PIB regional que las comunidades destinan a servicios sociales oscila desde el 2,96% de Extremadura hasta el 1,11% de la Comunidad de Madrid.

Estas diferencias tienen su reflejo en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía en los distintos territorios, como lo pone de manifiesto el hecho de que en Madrid haya un profesional por cada 5.515 habitantes, mientras que en Navarra hay uno por cada 739.