Así lo atestiguó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que exclamó que “por fin” el Gobierno cumple el “compromiso con las personas Lgtbi y con la sociedad”, llevando esta norma al Congreso de los Diputados antes del verano, como ella misma se había comprometido a hacer.

Irene Montero consideró que la conocida como ‘ley trans’ “hace de España un país mejor, más libre, más democrático para todos, todas y todes”, en el que “todas las vidas importan”, y que se sitúa en la “vanguardia internacional en la defensa de los derechos Lgtbi”.

A continuación, la titular de Igualdad desgranó algunos detalles de la norma, entre los que comentó el reconocimiento de la autodeterminación de género. Este concepto supone que es suficiente con la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de presentar informes médicos ni años de hormonación, como se exigía hasta la fecha.

En ese sentido, detalló que se estipula un sistema de doble comparecencia, en la primera de las cuales se informará de las consecuencias, medidas de apoyo y asistencia de asociaciones, mientras que en la segunda, a los tres meses, la persona afectada deberá ratificar o no su decisión, la cual será reconocida por las instituciones al mes de la ratificación.

Irene Montero comentó que finalmente se mantiene que los menores de edad entre 16 y 18 años podrán acudir al Registro Civil a cambiar libremente su nombre y sexo; un trámite para el que requerirán de la autorización de sus progenitores quienes tengan entre 14 y 16 años, mientras que para quienes tienen entre 12 y 14 años se requerirá un expediente de jurisdicción voluntaria. Por debajo de los 12 años, únicamente se podrá cambiar el nombre en el DNI.

En el caso de las personas migrantes trans, se reconoce el derecho a cambiar sus datos en los documentos expedidos en España, siempre y cuando en sus países de origen no tengan reconocidos sus derechos como personas trans.

Otras de las novedades que incluye el texto son el reconocimiento a las mujeres lesbianas y bisexuales sin pareja del derecho de acceso a las técnicas de reproducción asistida, la filiación de los hijos de las lesbianas y bisexuales no casadas, la prohibición de las terapias de conversión, el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas intersexuales y la fijación de un régimen de infracciones y sanciones para hacer frente a las discriminaciones de las personas Lgtbi, divididas de la siguiente manera: leves (entre 200 y 2.000 euros) ante insultos y mensajes discriminatorios; graves (entre 2.001 y 10.000 euros) ante situaciones de exclusión laboral; y muy graves (entre 10.001 y 150.000 euros) ante negación de acceso a bienes y servicios y negación de alquiler y compra de viviendas por condición sexual, terapias de conversión, contenidos educativos discriminatorios y situaciones de acoso no tipificadas como delito.

A su vez, también se ponen en marcha una serie de medidas de acción positiva para perseguir la discriminación en el empleo, la salud y la educación que sufre el colectivo Lgtbi.

Irene Montero subrayó que “ahora es el momento de las Cortes Generales”, a quienes instó a aprobar el texto “con urgencia”, puesto que “las vidas trans no pueden esperar más”.

Por último, agradeció la lucha de las asociaciones en defensa de los derechos de las personas Lgtbi y la implicación de los ministerios implicados en su redacción, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cabeza, lo que evidencia, a su juicio, que el Ejecutivo “está con las personas Lgtbi, las personas trans y sus familias”.