Gabón es el único país que en un año ha salido de la lista de los que castigan penalmente las relaciones entre personas del mismo sexo, y Bután puede estar a punto de hacerlo, resalta la organización. Del total de 69, hay dos, Egipto e Irak, que no cuentan con disposiciones legales que las persigan, pero sí hay “una criminalización de facto” comprobada en el terreno, según la ILGA. Además, los autores tienen “plena seguridad jurídica” de que en seis, cifra que no ha variado respecto al anterior estudio, el castigo es la pena de muerte; entre ellos, Arabia Saudita o Yemen. Y hay otros cinco, como Afganistán o Qatar, en los que “ciertas fuentes” lo indican.

La federación ha analizado la legislación de los países miembros de la ONU y de algunos territorios no independientes para constatar cómo, aunque muy lentamente, disminuyen los estados que criminalizan la homosexualidad. No obstante, donde aún ocurre, explica el abogado Lucas Ramón Mendos, autor principal del estudio, “las personas pueden ser denunciadas y detenidas en cualquier momento, incluso bajo la mera sospecha. Los tribunales les procesan y les condenan a prisión, flagelación en público o incluso la muerte”. Si lo analizamos en detalle, 30 países castigan a las personas homosexuales con hasta 8 años de cárcel, mientras que en otros 27 va de los diez años a la cadena perpetua. La mayoría, en África, algunos de Asia y varios del Caribe Oriental.

Con todo, la organización señala que la legislación se queda corta para interpretar qué ocurre con la homosexualidad en cada país y apunta a la necesidad de un análisis más amplio que tenga en cuenta “múltiples capas de la realidad” y atienda a los contextos locales. Como ejemplo, la lista de lugares que la criminalizan solo incluye aquellos que penan las relaciones en el ámbito privado. La situación general, además, se ha recrudecido este 2020 con la pandemia de COVID-19, que ha reducido “de manera drástica” los espacios seguros para la comunidad LGTBI y ha sido aprovechada por algunos gobiernos “para oprimirnos, perseguirnos, convertirnos en chivos expiatorios y discriminarnos. En muchos lugares donde las leyes ya eran una causa de desigualdad, las cosas han empeorado”, advierte la ILGA.

Las llamadas “zonas libres LGTBI” proliferaron en Polonia, Indonesia intentó impulsar las llamadas 'terapias de conversión“, que pretenden modificar la orientación sexual de las personas homosexuales con métodos invasivos y de graves consecuencias, y una corte derogó dos leyes del sur de Florida que prohibían su realización. Por otro lado, Rusia introdujo en la Constitución la regulación del matrimonio ”como unión de un hombre y una mujer“ y el pasado noviembre el Gobierno húngaro presentó un proyecto de enmienda que, de aprobarse, ”tendría el efecto legal de prohibir la adopción por parte de las parejas del mismo sexo“, según el informe.

Junto a ello, 42 estados miembros de Naciones Unidas, un 21%, tienen vigentes leyes que restringen la libertad de expresión en lo que se refiere a contenidos LGTBI. Y lo hacen mediante diversas técnicas. Desde la inclusión de delitos “contra la moral y la religión”, a la censura en medios de comunicación y películas o la prohibición de la “propaganda homosexual”. Más allá de legislaciones específicas, advierte la ILGA, estas libertades pueden cercenarse “como efecto de políticas gubernamentales represivas”. Además, en 52 países en todo el mundo rigen restricciones concretas que impiden a las ONG LGTBI ya no solo desarrollar su trabajo, sino constituirse como entidades jurídicas.