Pérez expresó esta petición ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado, donde compareció a fin de explicar las propuestas del sector de cara a la próxima presidencia comunitaria de España, que tendrá lugar en el segundo semestre de 2023.

En su opinión, disponer de este certificado común a escala europea supondrá “una mejora de calado” para las 100 millones de personas con discapacidad que viven en la UE.

En la actualidad, el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad “es una cuestión privativa de cada Estado”, y también lo es el reconocimiento de los apoyos y ayudas que una persona recibe por este motivo.

Explicó que “en España existe un baremo de discapacidad y que, a partir de cierto nivel, las personas acceden a una serie de medidas de acción positiva”, pero estas no podrán acompañar a su titular a otro país de la Unión Europea que no recoja en su legislación apoyos similares.

Así, por ejemplo, un estudiante con discapacidad exento de pagar la matrícula de la universidad en España que se vaya de Erasmus no disfrutará de esta gratuidad en todos los países de la UE, sino solo en aquellos que lo reconozcan de forma expresa, indicó. Lo mismo sucede con el empleo reservado y con otros apoyos, como la asistencia personal, agregó Pérez Bueno.

A su juicio, “todo esto dificulta la libre circulación de los ciudadanos con discapacidad por la Unión Europea". “Sin ánimo de ser populista, resulta curioso que exista total libertad de circulación de capitales y mercancías y que no sea posible lo mismo para los apoyos de una persona con discapacidad”.

Pérez aseguró ser consciente de la “arquitectura competencial" de la UE, que “reserva las competencias en política social a los Estados”, por lo que “avanzar de forma decidida en este terreno supone hacerlo por unanimidad y una restructuración a nivel institucional”.

No obstante, se mostró convencido de que “España puede y debe mostrar liderazgo” en este terreno, en especial durante su presidencia de turno. “Sin patrioterías que no llevan a ninguna parte, creo que en estos momentos España es el país más innovador en políticas públicas de discapacidad”, subrayó.

“No quiero decir con esto que las personas con discapacidad de España estemos mejor que las de otros países con un Estado del bienestar y unas políticas sociales mucho más intensas”, precisó, pero sí que “en cuanto a legislación, estamos en una situación mucho más avanzada.

ACCESIBILIDAD

En esta línea, instó a revisar el Reglamento Europeo sobre el Transporte Aéreo de Pasajeros con Discapacidad aprobado en 2006, que permite a las aerolíneas exigir a las personas con movilidad reducida la compañía de una tercera persona, cuyo billete corre a cargo del viajero con discapacidad. Según Pérez, “esto supone una desventaja objetiva muy grave ” para el colectivo.

Por otro lado, Pérez reclamó la creación de un Fondo Europeo de Accesibilidad Universal dotado con 10.000 millones de euros hasta 2027, destinado a garantizar estos estándares en todos los Estados. Propuso asimismo repartir estos fondos entre los países, siempre que estos se comprometan a aportar la misma cantidad para la puesta en marcha de mejoras de la accesibilidad, cuestión “en la que suspendemos todos”. A su juicio, esta cantidad “puede parecer muy elevada a nivel nacional, pero no lo es si consideramos el presupuesto de toda la Unión Europea”.

Otra prioridad para el Cermi pasa por la creación del Centro Europeo de Accesibilidad, previsto en la Estrategia Europea de Discapacidad 2020-2030, y abogó por que España se postule para acoger su sede. En su opinión, “supondría un elemento muy importante de transformación a nivel nacional y europeo” en cuanto a conocimiento y desarrollo de la accesibilidad, y traerlo a España “reforzaría nuestra marca como país social”.

DATOS

Según Pérez Bueno, solo Francia e Italia, además de España, llevan a cabo grandes estudios estadísticos sobre la discapacidad, y puso como ejemplo la encuesta del INE sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia’ publicada en abril.

Reclamó por tanto que Eurostat desarrolle una macroencuesta de tipo cuantitativo sobre la realidad de las personas con discapacidad en Europa, que debería completarse con un eurobarómetro sobre la actitud de los ciudadanos de la UE hacia la discapacidad.

Finalmente, instó al Gobierno a impulsar la celebración de Consejos de Ministros de la UE sobre discapacidad, a fin de que los responsables de esta materia se reúnan para abordar la realidad de estas personas, igual que sucede con los ministros de Sanidad, Transporte, Trabajo, etc.

Pérez defendió que el primero de estos Consejos “se ocupe de las mujeres y las niñas con discapacidad”, que sufren mayor discriminación y en general encuentran más dificultades. “Esto es algo que nunca se ha hecho y que enviaría un mensaje claro sobre el compromiso con estas personas”, concluyó.