Así se puso de manifiesto este martes durante la celebración en Madrid del acto de presentación del Plan Camino de lucha contra la trata y la explotación sexual, que contó con la participación, entre otras autoridades, de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de Daniella de Luca, Andrea dos Santos y Paola Brito, mujeres que han sufrido esta situación y que salieron de ella gracias a la ayuda de distintos colectivos sociales.

En ese sentido, Daniella de Luca, mediadora social y cultural de la unidad móvil de rescate de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), destacó que las mujeres víctimas de esta lacra deben recibir atención psicológica, puesto que “tienen que recuperarse de dentro hacia fuera”.

También abogó por ofrecerles alternativas habitacionales, puesto que “no puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda”, como confesó que ella se sintió cuando fue víctima de explotación sexual al ser llevada ante un juez en dos ocasiones por lo irregular de su situación administrativa. “Me sentí como una delincuente”, afirmó.

Subrayó que “los derechos de una mujer y de una niña no pueden cuestionarse nunca”, y tras rememorar que su unidad ha rescatado a menores de 13, 14 y 15 años, aseveró que “el proceso de recuperación de una niña es bastante más complicado que el de una adulta”.

Por ello, reconoció que “está muy bien dar la documentación, pero ¿y la formación para que las mujeres tengan una alternativa?”, y alertó de que se está produciendo un aumento de las víctimas de trata, como consecuencia de que los proxenetas y los puteros exigen “cuerpos cada vez más jóvenes, una mujer de 25 o 30 años ya no sirve para su placer, tienen que ser niñas”.

Esto le sirvió para reclamar una ley integral contra la trata, en la que “se persiga y castigue toda forma de proxenetismo, se persiga la demanda y se reconozca y protejan los derechos de las mujeres”.

A su vez, prescribió aunar esfuerzos para “generar conciencia entre la ciudadanía” de las perversidades de la explotación sexual y la prostitución, “empoderar a sectores estratégicos” en el reconocimiento de potenciales víctimas, como los camioneros, conductores de autobuses y azafatas de vuelo, apoyar la labor policial, desarrollar una respuesta trasnacional en los países de origen y de destino y no centrar toda la investigación en la víctima, sino en el rastreo de las finanzas que mueven las mafias.

Por otro lado, Andrea dos Santos, que llegó a España en 2019 y que cuenta con el apoyo de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), redundó en la importancia de que las víctimas cuenten con asistencia en salud mental y física, se les facilite la regularización de su situación y tengan “el respeto de las autoridades”, a las que acusó, en algunos casos, de estar conchabadas con las mafias.

Por su parte, Paola Brito, que llegó a España en 2019 y que logró salir adelante gracias a un proyecto de Adoratrices, una organización que le ha dado la oportunidad de coordinar a un grupo de auxiliares en un centro de personas mayores, pidió apoyo psicológico y de salud física para las víctimas, ya que “una mujer necesita estar convencida de su bienestar para continuar con su vida”.

También demandó apoyo jurídico, porque “necesita poder regularizarse para poder comenzar una nueva vida”, así como atención individualizada, ya que no todas las víctimas han pasado por situaciones análogas.

Irene Montero recogió el guante lanzado por las tres mujeres y explicó que el Plan Camino constituye la base de “las políticas públicas abolicionistas”, las cuales “no sólo deben perseguir las redes de proxenetismo, sino dar garantías a las mujeres” que lo sufren.

Confesó que poner en marcha una herramienta “de esta envergadura no es sencillo” y proclamó que con su puesta en marcha “saldamos una deuda histórica con estas mujeres y decimos una cosa que se ha dicho en nuestro país: que abolición significa papeles, vivienda, empleo, asistencia psicológica, asistencia jurídica especializada, atención integral”.

La ministra señaló la necesidad de que “todas las mujeres tengan acceso a todos los derechos sin poner una denuncia, porque esa es nuestra obligación como Estado”, y se digirió directamente a sus tres interlocutoras para dejarles claro que “vuestras vidas importan”.

Irene Montero atestiguó que el Plan Camino “no es suficiente”, pero aclaró que es “un paso imprescindible para que el Estado reconozca que sólo seremos capaces de afrontar de forma certera esta cuestión si tomamos decisiones valientes en materia de extranjería”.

Por último, indicó que se necesita una ley integral contra la trata para “perseguir de manera eficaz a la industria proxeneta, abordar la ley de extranjería y garantizar los derechos de las víctimas”, y concluyó afirmando que es “posible alcanzar un acuerdo entre la mayoría progresista en el Congreso” para impulsar esa norma.