Así se acordó este martes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y de la mayoría de las comunidades autónomas. Según estimaciones del Ministerio, unas 700.000 personas se verían beneficiadas con esta reforma. Esta modificación, que deberá ser aprobada en Consejo de Ministros tras los trámites preceptivos, supone reformar el Real decreto 1051/2013 en varios puntos aún vigentes.

Entre otros cambios, propone elevar las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, como las vinculadas al servicio y para asistencia personal; eliminar la limitación de acceso a la atención residencial de los dependientes del grado II y III; incluir este servicio en el catálogo para los dependientes de grado I (moderado); acabar con la obligación de acreditar parentesco o un año de cuidados previos de cara a acceder a la prestación económica por cuidados en el hogar; establecer cuantías mínimas en las ayudas económicas; elevar las cuantías máximas vinculadas a la prestación de servicios y a la teleasistencia; y aumentar las horas a las que los usuarios de determinados servicios tienen derecho.

MÁS CUANTÍAS

Según la nueva norma, las prestaciones para cuidados en el entorno familiar se incrementarían un 17,65%, lo cual “absorbe el recorte del 14,9% que se dio en 2013”.

De este modo, las cuantías máximas mensuales pasarían de 153 euros a 180 euros en el caso del grado I de dependencia (dependencia moderada); de 268,79 a 315,90 euros en el caso del grado II (dependencia severa); y de 387,64 a 455,40 euros en el caso del grado III (gran dependencia).

En cuanto a las prestaciones económicas vinculadas al servicio, el propósito es que se incrementen con carácter general un 4,5%, agregan desde el Ministerio.

De salir adelante el acuerdo, los perceptores de una ayuda vinculada a servicios de atención residencial del grado II verán equiparadas estas cuantías a las que corresponden al grado III (747,25 euros), mientras que las máximas para servicios de centro de día de los dependientes de grado I se igualarán a las del grado II (445,30 euros).

También se incrementan en un 4,5% prestaciones económicas para asistencia personal, y la cuantía del grado II se iguala a la correspondiente al grado III. De este modo, las prestaciones para el grado I pasarían de los 300 euros a los 313,50; las del grado II aumentarían de 426,12 a 747,25 euros, y en el caso del grado III, las ayudas subirían de 715,07 a 747,25 euros.

Según los datos disponibles a 31 de octubre de 2022, estas medidas impactarían de forma directa en más de 700.000 personas, que verían incrementadas sus prestaciones.

Por otro lado, la reforma pretende establecer mínimos en las ayudas económicas que concede el SAAD, algo que no sucede en la actualidad, por lo que algunas “pueden ser muy reducidas, incluso cercanas a los cero euros”.

Derechos Sociales estimó que del total de las 703.000 personas que recibieron prestaciones económicas en octubre, 61.400 perciben una cuantía inferior a 100 euros al mes, y hay 27.750 casos en los que se reciben entre 0 y 50 euros al mes. El objetivo, según el Ministerio, es revertir esta situación.

El proyecto de Real Decreto propone por ello que tanto las prestaciones económicas relativas a los cuidados familiares, vinculadas al servicio, como las de asistencia personal cuenten con una cuantía mínima de 100 euros en el grado I de dependencia, 150 euros para el grado II, y 200 euros para el grado III.

MÁS HORAS

Asimismo, considera “insuficiente” el número de horas de ayuda a domicilio que ofrece el SAAD, por lo que defiende pasar de un máximo de 20 horas mensuales a una horquilla de entre 20 y 37 horas para los dependientes degrado I; de entre 21 a 45 horas a entre 38 y 64 horas para los dependientes de grado II, y un aumento de entre 65 y 94 horas (desde las 46-70 horas actuales) para los del grado III.

De acuerdo con las nuevas medidas, el requisito de parentesco y de acreditación de cuidados previos (un año antes de presentar la solicitud) ya no será obligatorio de cara a obtener una ayuda por cuidado en el entorno familiar.

Desde el Ministerio explican que “la eliminación de estas barreras se realiza en coherencia con un modelo de cuidados que pone en el centro las preferencias y la voluntad de las personas y su capacidad de elegir cómo y dónde quieren vivir”. Por idéntico motivo, se podrán considerar como servicios aquellas prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (Pecef) que lleven aparejadas un servicio de apoyo al hogar de la persona dependiente, de forma que se descargue a sus cuidadoras.

La reforma plantea por último otras modificaciones de menor calado, como adaptarse a la normativa de protección de datos; actualizar la normativa de baremo de valoración de la discapacidad; indicar la teleasistencia como servicio complementario o especificar que los máximos de intensidad del SAAD son ampliables por las comunidades autónomas.

En cuanto a los otros puntos del día tratados por el Consejo Territorial, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprobó por consenso el Acuerdo Marco para la Estrategia Sinhogarismo 2023-2030; acordó la creación de un grupo de trabajo para abordar la situación derivada de la falta de profesionales con formación en el ámbito del SAAD y la finalización de la estadística semanal de residencias y covid-19; y presentó al órgano la Estrategia de Desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad.