Desde hace un tiempo, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi- Comunidad de Madrid), viene recibiendo numerosas reclamaciones sobre el abandono del mantenimiento de las medidas de accesibilidad y la aplicación de acciones discriminatorias y contrarias a las normas de obligado cumplimiento en la Red Metro de Madrid.

Algunos de los ejemplos que han llegado hasta la institución hacen referencia a la supresión de las pequeñas rampas instaladas en los vagones para permitir salvar la distancia entre coche y andén, al mal funcionamiento de los sonidos de
localización de puertas, a los fallos constantes en los sistemas de megafonía o la ausencia total de ésta en el interior de los trenes o la imposibilidad de accionar las denominadas "puertas de fácil apertura" en los accesos a las estaciones.

Además, el colectivo de personas con discapacidad también denuncia la supresión de los pavimentos guía colocados para permitir la movilidad de las personas con discapacidad intelectual o visual, la incompresible altura de los "Puestos de atención al viajero", sustitutos de las antiguas taquillas, los fallos constantes en los ascensores, y la reciente campañas publicitarias que abarcan la totalidad de la superficie exterior de los "vagones accesibles" obstaculizando la visibilidad de las puertas desde el andén.

Por ello, el Cermi de Madrid recuerda que la Ley 51/2003 sobre "Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad" y el Decreto 13/2007 que aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo de la Ley 8/93 de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras en nuestra Comunidad Autónoma, garantizan claramente los derechos de los ciudadanos con discapacidad respecto a la utilización en igualdad de oportunidades de los medios de transporte.

Por ello es por lo que solicita de los responsables de Metro que corrijan este escenario así como la dotación de los recursos que garanticen la igualdad de oportunidades y no discriminación de todos los ciudadanos.

De igual forma, el movimiento asociativo considera absolutamente necesaria la existencia de un diálogo previo que permita determinar, en el futuro, la bonanza de la implantación de las actuaciones de cara a la consideración de las necesidades y derechos de las personas con discapacidad.