El Cermi asegura que la vigente regulación es "notoriamente insuficiente pues no establece deberes nítidos y garantías de accesibilidad para las producciones y exhibiciones cinematográficas, lo que entra en contradicción con los mandatos generales de accesibilidad a todos los entornos y medios, incluidos los audiovisuales".

Por eso, sostiene que la reforma de la ley pasa por "consagrar la obligación de que todas las producciones cinematográficas, españolas y extranjeras, que se exhiban y comercialicen en nuestro país sean accesibles en origen, entendiendo por tal, el que cuenten con subtitulación, lengua de signos y audiodescripción".

Esta medida para que toda la producción cinematográfica sea accesible en origen "permitiría que cada vez que esta se exhiba o difunda, solo bastaría con activar las medidas de accesibilidad, facilitando el objetivo de no excluir a ningún espectador por razones asociadas a discapacidad".

Otra de las medidas que reclama el Cermi es "condicionar cualquier concesión de ayuda pública (subvención, incentivo, etc.), en el marco de los apoyos oficiales al cine, a que la producción cinematográfica sea accesible, de modo que ninguna obra no accesible sea merecedora de ayuda financiera o de otro tipo de los poderes públicos".