Un gran sentimiento de frustración invade a María de la Cabeza Pérez, una vecina de Galatzó. Su padre, José Manuel, de 79 años, con una pierna amputada y operado de un cáncer de garganta, no puede valerse por sí mismo y vive junto a su mujer, de 77 años, en un apartamento en que encuentra en cada rincón una trampa para moverse. Las escaleras de entrada marcan una frontera insuperable, no entra con la silla de ruedas en según qué habitaciones porque no cabe y la bañera supone un listón imposible.

María, natural de Jaén al igual que toda su familia, cree que su padre necesita ya otro entorno. Un lugar donde se encuentre a gusto y donde el hecho de vivir siendo discapacitado no suponga una odisea diaria. Ella piensa que ese lugar podría ser perfectamente una vivienda adaptada de protección oficial en Galatzó que ha sido retornada al Ayuntamiento por su primer adjudicatario y que, en consecuencia, debe ser ahora objeto de un nuevo concurso.

El problema, dice María, es que el Consistorio no actúa con rapidez y está retrasando su adjudicación definitiva. Asegura estar desesperada, porque, según afirma, sus continuas solicitudes de información a los departamentos municipales para acelerar el proceso se han saldado sin ningún tipo de éxito.

"No entiendo que la casa esté ahí cerrada desde hace meses cuando hay gente que la necesita", declara. El caso de esta vecina de Galatzó revela las difíciles experiencias personales con que se topan las familias que tienen una persona con discapacidad a su cargo y que ven como un alivio a sus dificultades la concesión de una vivienda pública libre de obstáculos y plenamente acondicionada.

No únicamente es el caso de María. Sólo en la promoción de viviendas sociales que se está construyendo en la actualidad en Peguera se han presentado 13 solicitudes para lograr uno de los tres apartamentos adaptados de la promoción.

En respuesta a las críticas expresadas por la vecina de la urbanización Galatzó, el Consistorio contesta que el proceso administrativo de readjudicación de esta vivienda "sigue su curso", al igual que el de otros "dos o tres" pisos de protección en Calvià vila y Son Ferrer devueltos por sus propietarios al no poder hacer frente a los pagos requeridos.

"Las bases ya las tenemos, y estoy en condiciones de asegurar que el concurso (de adjudicación) se conocerá a final de mes", dice la primera teniente de alcalde calvianera, Teresa Martorell (PP).

Evaluación previa de solicitudes

Martorell asegura respetar la situación personal en que se encuentra María, pero también recuerda que en el proceso de adjudicación de esta casa de Galatzó podrán participar igualmente las 13 personas que registraron sus solicitudes para los pisos de Peguera.

Todos ellos, expone la primera teniente de alcalde, serán objeto previamente de una evaluación a cargo de técnicos del Instituto Balear de Asuntos Sociales (Ibas) y del departamento de servicios sociales del Ayuntamiento, que valorarán aspectos como el grado de discapacidad, los ingresos económicos y la situación familiar. Cuando se le pregunta a María qué hará si finalmente sus padres no obtienen la vivienda, echa mano del realismo. "Miraríamos de poner un montacargas en el edificio donde viven ahora. También tendríamos que adaptar su piso actual. Pero necesitaríamos ayudas económicas", dice.