El Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un informe sobre la accesibilidad de las universidades de esta región que revela que en estos centros "persisten aún un considerable número de barreras arquitectónicas y de la comunicación", debido, en gran medida, a la falta de una política específica universidad y discapacidad.

El trabajo, que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha entregado a la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (CANF-Cocemfe Andalucía), analiza, además del grado de accesibilidad de las universidades andaluzas, el funcionamiento de los servicios específicos existentes en las Universidades para la atención al alumnado con discapacidad, o el grado de aplicación de medidas de acción positiva en beneficio de estos estudiantes "No podemos olvidar que han transcurrido ya 16 años desde que se promulgara en Andalucía el Decreto 72/1992 que exigía la progresiva adaptación de todos los edificios públicos, con especial atención a los de uso docente, sin que a la presente fecha dicha accesibilidad plena se haya convertido en realidad en el ámbito universitario, donde persisten aún un considerable número de barreras arquitectónicas y de la comunicación", señala el documento.

En cuanto a los servicios específicos de atención a las personas con discapacidad, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz apuesta por que las propias universidades inviertan más en ellos y dependan en menor medida de ayudas y subvenciones provenientes de otras Administraciones Públicas.

El informe lamenta también que las Universidades andaluzas "no dispongan de estudios estadísticos que faciliten información fiable y contrastada sobre el número de personas que conforma el colectivo de estudiantes con discapacidad y sobre las características de sus integrantes".

En este sentido, el trabajo señala, no obstante, que los datos disponibles demuestran que aunque el número de estudiantes universitarios con discapacidad ha aumentado, sigue suponiendo "un porcentaje muy bajo" respecto del total de alumnos matriculados en las Universidades Andaluzas.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo Andaluz subraya que aunque los esfuerzos por mejorar la educación universitaria de las personas con discapacidad por parte de las universidades de esta región son notables, "se han revelado claramente insuficientes para conseguir una garantía plena y efectiva de los derechos que las normas vigentes reconocen a estas personas en el ámbito universitario"

POLÍTICA ESPECÍFICA

Y esto es así, en opinión de esta istitución, "por el carácter aislado, parcial y asistemático" de la mayoría de actuaciones adoptadas por las universidades andaluzas en este campo, "que revelan la inexistencia de una política universitaria en materia de discapacidad que pueda servir como modelo y referente para las acciones realizadas en este ámbito".

Por este motivo, el Defensor del Pueblo Andaluz es partidario del impulso de una política universitaria de discapacidad, basada en el conocimiento preciso de la población a la que va dirigida; en el conocimiento de los problemas de accesibilidad de los centros universitarios y en la existencia de un único texto legal que refunda las disposiciones dispersas por los diferentes ordenamientos jurídicos.

Por último, el informe incluye un conjunto de recomendaciones y sugerencias dirigidas a las universidades andaluzas y a las administraciones con competencias en la materia, entre las que figuran la elaboración de un estudio estadístico de alumnos con discapacidad y otro sobre las barreras existentes en cada centro.

Asimismo, el informe sugiere que se tomen las medidas necesarias para que los alumnos con discapacidad queden exentos de pagar las tasas administrativas tales como gastos de secretaría, expedición de títulos y de certificaciones académicas.