El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado una resolución en la que pide a los Estados miembros la adopción de una propuesta legislativa específica que garantice la conciliación laboral y personal de las personas que cuidan de dependientes (niños, personas mayores, personas con discapacidad).

Entre las solicitudes reclamadas por la Eurocámara a los Estados miembros destacan la necesidad de examinar "horarios de trabajo flexibles para los padres (sobre una base voluntaria) y horarios también dúctiles para las instituciones de cuidados infantiles, de manera que tanto las mujeres como los hombres puedan combinar la vida profesional y familiar de una manera más satisfactoria".

El PE aboga por mejorar el permiso de paternidad y los permisos parentales, dado que en todos los Estados miembros sólo un pequeño porcentaje de hombres disfruta de esta ventaja puesta a su disposición. A este respecto, aconseja dar prioridad a los regímenes de permisos (parental, de adopción, de solidaridad) aplicables a las personas que quieren interrumpir su actividad profesional para dedicarse al cuidado de una persona dependiente, permitiéndoles, además, reintegrarse en el mercado laboral y conservar su antiguo puesto.

La resolución adoptada también recuerda el compromiso adquirido por los Estados miembros de establecer, antes de 2010, estructuras de cuidado para el 90% de los niños de edades comprendidas entre los 3 años y la de escolaridad obligatoria y para al menos el 33% de los menores de 3 años, y solicita que se establezcan objetivos análogos para las estructuras de acogida de parientes ancianos y enfermos.

Así pues, el texto considera necesarias iniciativas concretas para "convalidar las competencias adquiridas en la realización de tareas de educación, de servicios para personas dependientes y de gestión doméstica, para que puedan tenerse en cuenta en el momento de la reinserción en el mercado laboral".

La Eurocámara ha hecho un guiño a la Estrategia de Lisboa y aconseja que, con el fin de dar salida a su propósito de integrar al 60% de las mujeres en edad de trabajar, los Estados miembros revisen las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, de modo que se garantice que el coste de la maternidad no recaiga en las empresas sino en la colectividad y que se mejore el acceso a los servicios de cuidados a las personas que no sean autosuficientes.