Según estos datos, algo más de 3.000 personas obtuvieron protección internacional y, en líneas generales, sólo uno de cada 20 solicitantes consiguió algún tipo de protección.

España se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea, que registra alrededor de un 30% de resoluciones favorables. De un total de más de 60.000 dictámenes, sólo se otorgó el estatuto de refugiado en 1.653 casos, a los que hay que sumar 1.503 protecciones subsidiarias.

Como dato positivo, CEAR destacó el aumento en la concesión de permisos por razones humanitarias (39.776), la inmensa mayoría a personas de nacionalidad venezolana (y de forma muy residual también a personas de Ucrania, El Salvador, Honduras y Colombia).

RÉCORD DE SOLICITUDES

España vivió un nuevo año récord de peticiones de asilo EN 2019, con un total de 118.264, más que el doble respecto a 2018. Las cinco nacionalidades con mayor número de peticiones fueron Venezuela (40.906), Colombia (29.369), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931) y El Salvador (4.784). En total, el 80% de las solicitudes fueron presentadas por personas de América Latina.

CEAR lamentó que a pesar del refuerzo material y humano en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), la acumulación de expedientes pendientes de resolución siguió en aumento en 2019. Según datos del Ministerio del Interior, al término de este año se había alcanzado un total de 124.025.

Para la directora de CEAR, estrella Galán, “es urgente que, manteniendo las garantías individuales de todos los solicitantes, España agilice las resoluciones y la notificación de estos expedientes”.

Consideró que "una de las principales causas que han provocado este incremento de solicitudes es la ausencia de unas políticas migratorias adecuadas", pues la falta de vías seguras y reguladas para los migrantes ha generado que "la única vía disponible para acceder y permanecer en España sea a través del proceso de solicitar protección internacional, lo cual ha provocado una sobresaturación en el sistema de asilo".

DIFICULTADES

Según CEAR, resulta "muy preocupante" ver cómo solo el 6% de las peticiones se presentaron en puestos fronterizos (7.020); únicamente 307 en Embajadas y Consulados -limitadas a extensiones familiares- y sólo un 2% en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Por otro lado, Galán lamentó que "las personas refugiadas siguen sin tener la posibilidad de pedir el traslado desde nuestras embajadas para solicitar asilo, una medida contemplada en la ley y que evitaría viajes con un infinito coste humano para miles de personas”.

"Esto evidencia la falta de vías legales que permitan acceder a las fronteras españolas sea por vía marítima, aérea o terrestre. Y en particular a las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla para las personas de origen subsahariano", denunció.

A juicio de CEAR, "los datos generales no son buenos, pero resultan particularmente alarmantes si nos centramos en las las denegaciones de asilo a las personas que huyen de Colombia o de los países donde impera la violencia de las maras".

"También lo es el no reconocimiento de algún tipo de protección a las personas que llegaron a nuestro país a través de los barcos 'Aquarius' y 'Open Arms' huyendo del infierno que vivieron en Libia", agregó.

Además, criticó que “la política de visados impuesta por España está determinando el perfil de los solicitantes de asilo en nuestro país, dificultando enormemente la llegada de nacionales de Siria, Yemen o Palestina, al imponerles un visado de tránsito. De este modo, estas decisiones se convierten en la práctica en una herramienta selectiva de control de fronteras”, denunció Galán.