También pide que se tomen medidas "a fin de establecer un número suficiente de centros que deriven a las víctimas en situaciones de violación o violencia sexual que sean accesibles a víctimas de estos delitos" y que se garantice el apoyo psicológico y jurídico y la derivación a organizaciones especializadas.

Este primer informe es el resultado del primer procedimiento de evaluación realizado en España y abarca toda la totalidad del Convenio de Estambul. En este sentido, evalúa el nivel de cumplimiento de la legislación española y sus prácticas en materia de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos cubiertos por el Convenio, según informó este viernes el Ministerio de Igualdad.

El informe anima "encarecidamente" a las autoridades españolas a mejorar la implementación del Convenio de Estambul "en relación a todas aquellas formas de violencia que reciben en este momento menos atención en la legislación", las políticas públicas y programas españoles, adoptando para ello un enfoque holístico en la prevención, protección y persecución de tales formas de violencia. Sobre todo en relación con la violencia sexual, el acoso sexual, el matrimonio forzoso y la mutilación genital femenina.

Los expertos aconsejan adoptar un enfoque "coordinado y amplio" en la prestación de servicios médicos y forenses a las víctimas de violación y agresión sexual que vincule a las fuerzas y cuerpos de seguridad a otras agencias oficiales relevantes y profesionales médicos capacitados para satisfacer las necesidades de estas víctimas de manera compasiva y sensible a sus experiencias traumáticas.

También piden "mantener y desarrollar esfuerzos para involucrar a la sociedad en general, en particular a hombres y niños, a través de programas de prevención, campañas y otras medidas de base comunitaria como forma de prevenir y luchar contra las diferentes formas de violencia contra las mujeres", así como "aumentar sus esfuerzos proporcionando información a todas las víctimas de violencia contra la mujer".

A pesar de todas las sugerencias, el informe reconoce que "han tenido lugar en España una serie de importantes avances y reformas legislativas, que han culminado con la adopción del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017, la atribución a la Vicepresidencia del Gobierno (en junio de 2018) de las competencias en materia de igualdad y, en 2020 la recuperación del Ministerio de Igualdad".