Carmona ofreció este dato en el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, donde compareció y donde pidió más recursos para las mujeres que son asesinadas en estas poblaciones a las que llegan menos los recursos.

En esa comparecencia la presidenta del Observatorio reconoció que "no disponemos aún de estadísticas oficiales sobre el número de denuncias presentadas" durante el estado de alarma porque "la paralización ha afectado a la elaboración de los boletines de estadística judicial, donde se recoge de forma escrupulosa toda la actividad de los órganos judiciales". "Pero la percepción en los juzgados ha sido la de un importante descenso de las denuncias entre marzo y mayo", aunque las llamadas al 016 "entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, ascendieron a 18.700, un 61,6% más que en el mismo periodo de 2019", indicó.

Asimismo, Carmona instó al Congreso a que impulse las modificaciones legislativas necesarias "para dar más efectividad a la persecución de los delitos de violencia de género".

Como la reforma de la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género "para ampliar el concepto de violencia de género e incluir en él cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre la mujer por el hecho de ser mujer". "Y ello de acuerdo con los principios aprobados en el Convenio de Estambul, suscrito por España, que declara como formas de violencia contra las mujeres la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto forzado y la esterilización forzada, incluso en los casos en los que no existe relación con el agresor".