El objetivo es, según Igualdad, "garantizar las condiciones mínimas de subsistencia" a este colectivo de mujeres y también a aquellas en situación administrativa irregular, "que son en la mayoría de los casos las principales víctimas de explotación sexual".

Las víctimas de trata y de explotación sexual y las prostitutas también podrán acogerse a las 'soluciones habitacionales' que prevé el Programa de Ayuda a las Víctimas de Violencia de Género, que modifica el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, según la Orden TMA/336/2020 de 9 de abril.

Serán las ONG especializadas que trabajan con estos colectivo de mujeres las que presenten el informe para la solicitud del ingreso mínimo vital, que será remitido a los servicios sociales y éstos aprobarán o negarán la solicitud. Las ONG tienen que cumplir a su vez una serie de requisitos para poder hacer el informe, como una experiencia acreditada de más de cuatro años y tener teléfono de atención de 24 horas.

Expone Igualdad que "desde la declaración del estado de alarma, debido a las medidas de restricción de la movilidad, las entidades y ONG especializadas en la detección, atención e intervención psicosocial han tenido que paralizar en la mayoría de los casos su actividad asistencial y ambulatoria, exponiendo a las mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos".

Además, el ministerio que dirige Irene Montero destaca que para garantizar el derecho a la información de las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, se reforzará la difusión de los teléfonos de atención 24 horas de las entidades especializadas, el teléfono gratuito de la Policía Nacional específica de trata, así como los correos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Asimismo, de cara a la detección e identificación de la víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, durante la inspección y cierre de hostales, hoteles y clubes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reforzarán la coordinación con las entidades, organizaciones y servicios especializados para asegurar la asistencia y protección a las víctimas.

Estas medidas elaboradas por el Ministerio de Igualdad pretenden reforzar el Plan de Contingencia contra la Violencia de Género y ampliar la protección de las víctimas de trata, las víctimas de explotación sexual y las mujeres en contexto de prostitución, durante el estado de alarma y que ,según fuentes del departamento, cuenta con el beneplácito del Ministerio de Seguridad Social.

Igualdad concluye que con estas medidas se cumple con la advertencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que alertaba de que “los Estados deben tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis de Covid-19”.