La confederación ha lanzado la campaña '#NuestraSaludNuestrosDerechos' para denunciar estas prácticas. En 2017 se realizaron 93 esterilizaciones forzosas en España y, según la Fundación Cermi Mujeres, en la última década se han resuelto en los juzgados un total de 1.017 procesos en este ámbito.

La información de la confederación indica que "existe, en cualquier caso, una falta de transparencia de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impide conocer en detalle la situación de esta problemática". Ni se especifica cuál es la resolución final de cada procedimiento, ni se desagregan los datos por sexo o edad, apuntó.

Subrayó que en España estas vulneraciones de derechos son legales según el artículo 156 del Código Penal y se pueden producir tras una incapacitación judicial. Sin embargo, tratados internacionales como el Convenio de Estambul, que España ha ratificado, prohíben expresamente estas prácticas, que Naciones Unidas ha calificado de "inaceptables". De hecho, la ONU indica que los abortos coercitivos y las esterilizaciones forzadas “pueden constituir tortura".

En la campaña '#NuestraSaludNuestrosDerechos', la confederación defiende que las mujeres con problemas de salud mental deben tener derecho a otorgar su consentimiento informado para cualquier procedimiento médico. “Se dice que las esterilizaciones forzosas o los abortos coercitivos se realizan por el bien de las propias mujeres, cuando la realidad es que suponen una vulneración de los derechos humanos”, afirmó el presidente de Salud Mental España, Nel A. González Zapico. “Desde la confederación defendemos lo estipulado por el Convenio de Estambul y la ONU. Todas las mujeres, y por supuesto aquellas que tienen algún problema de salud mental, deben poder ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sin que nadie lo haga por ellas”, concluyó.