La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha pedido al Gobierno y a los partidos políticos que lleguen a un consenso para revisar y modificar la ley de dependencia, con el fin de garantizar los derechos de las personas dependientes y sus familias y la equidad de las prestaciones sociales en todo el Estado español.

Y es que, según la SEGG, "la aplicación de esta ley está siendo un caos y en algunos casos se está utilizando como arma política, lo que no se comprende, al tratarse de una normativa dirigida al apoyo social de personas y familias que lo necesitan".

Esta situación, continúan los geriatras, ha provocado que en ocasiones los beneficiarios de una posible prestación social se hayan convertido en sus víctimas.

"La diferencia de criterios entre las distintas comunidades autónomas a la hora de aplicar la Ley de Dependencia es manifiesta y en general no hay transparencia informativa", agregan.

Para esta sociedad científica no es suficiente la iniciativa de CIU aprobada en el Congreso de los Diputados para la constitución de una Comisión de Expertos que analice la aplicación de la ley de dependencia y proponga modificaciones.

A su juicio, también es necesario "un claro compromiso por parte de los partidos políticos para lograr su riguroso cumplimiento y que se garanticen los derechos constitucionales de igualdad y equidad en todo el territorio nacional".

"Es inaceptable, por ejemplo, que se lleguen a tardar hasta nueve meses en tramitar las solicitudes o que haya diferencias en el importe de la prestación, o que ésta se conceda después de que haya fallecido el solicitante", denuncia el presidente de los geriatras, Pedro Gil, quien pide una "ley única para todas las comunidades".

Por último, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología solitita al Gobierno y a los diferentes partidos políticos "participar activamente" en las comisiones o grupos de expertos que se constituyan para revisar la ley y realizar las correspondientes modificaciones, ya que, argumenta, más del 80 por ciento de las personas dependientes son mayores de 65 años.