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Empleada del hogar

Política social

26 Oct 2018

Cáritas denuncia que "la explotación laboral se ha normalizado" en estos tres campos

El 30% de los empleados domésticos, agrícolas y de hostelería cobran menos de lo que les corresponde por ley

Servimedia / Madrid

El 30% de los trabajadores de los sectores de la agricultura, del hogar y los cuidados y de la hostelería cobran un salario inferior al mínimo que la ley y los convenios estipulan, según el informe de Cáritas 'Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar', presentado este jueves en Madrid.

La investigación también señala que el 25% realiza horas extra sin remuneración, y que el 50% de los temporeros cobran todo o parte del salario en dinero 'negro'.

Realizado a partir de 915 entrevistas a trabajadores de 30 provincias españolas, el estudio se centra en aspectos concretos como las condiciones económicas, el tiempo de descanso y las posibles infracciones de tipo penal.

Así lo afirmó en rueda de prensa Hilde Daems, experta del equipo de Inclusión de Cáritas, tras resaltar que "la explotación laboral se ha normalizado" en estos tres sectores, que "se caracterizan por una mayor precariedad".

"Son trabajos infravalorados, bastante invisibilizados, con un alto porcentaje de empleados de origen inmigrante, donde la vulneración de derechos laborales se ha generalizado", indicó. "Esto demuestra nuestro fracaso como sociedad, que se aprovecha de los trabajadores vulnerables para cubrir una demanda que sí existe".

La experta quiso aclarar que la muestra del estudio no es representativa del conjunto de los trabajadores. "Son personas que se han acercado a Cáritas y han querido participar", recalcó.

Sus datos indican de hecho una clara diferencia entre el sector agrícola (con un 5,12% de encuestados españoles, un 24% de trabajadores extranjeros sin permiso y un 57% de empleados extracomunitarios con permiso de trabajo); el sector de los empleos domésticos (54,4% de trabajadoras españolas, 11,1% de ciudadanas comunitarias con permiso de trabajo, 31% de extracomunitarias con autorización de trabajo y un 2,7% de extranjeras sin permiso), y la hostelería (63% de nacionalidad española, 11% de trabajadores de la UE con permiso, 24,7% de extracomunitarios con autorización de trabajo y un 1,4% de extranjeros sin permiso).

Queda claro que una situación administrativa regular "no impide la explotación", aunque la irregularidad "es un factor de riesgo evidente", añadió.

Según Daems, "nos preocupan especialmente las vulneraciones relacionadas con el Código Penal", y apuntó sus sospechas de que podría haber personas víctimas de trata con fines de explotación laboral "que no estamos siendo capaces de detectar".

Entre otros datos, señaló que uno de cada 20 entrevistados ha recibido amenazas (13% en el sector agrícola), que un 4% vio retenida su documentación (el 12% de los temporeros), y que otro 12% reconoce haber recibido un trato humillante, porcentaje que en el sector agrícola se dispara al 22,5%.

Además, uno de cada cuatro entrevistados manifestó que en sus empleos se vulneraba la legalidad y que eran conscientes de ello. Sin embargo, solo el 5% denunció esas situaciones, recalcó Daems.

"Casi un 70% no lo hace por miedo a perder el trabajo o porque creen que la denuncia no sirve para nada", aunque también hay un porcentaje considerable que desconoce que está siendo víctima, explicó.

A pesar de todo, un 70% de los trabajadores en hostelería y empleos del hogar dicen estar muy satisfechos con su trayectoria laboral, cifra que cae al 45% en el caso de la agricultura.

PROPUESTAS

Como soluciones, Cáritas instó a España a ratificar "por fin" el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de 2011 y a modificar la legislación laboral para que estos empleados puedan incluirse en el Régimen General de la Seguridad Social.

En el sector agrícola, pidió la puesta en marcha de las medidas que contempla el Protocolo Vinculante P029 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, que entró en vigor en España el pasado 20 de septiembre. Reclamó tipificar como delitos penales el trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre, diferenciándolos de la explotación laboral.

Por último, exigió reforzar la Inspección de Trabajo, armonizar los convenios provinciales, flexibilizar el proceso para renovar los permisos laborales -"muchos inmigrantes caen en la irregularidad sobrevenida", dijo- y suavizar las sanciones de la Ley de Extranjería en cuanto al trabajo en situación irregular, que a su juicio son duras para los trabajadores y muy duras en el caso de las empresas, que "prácticamente abocan a estas personas al mercado negro".

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