Así, en las cárceles dependientes de la Administración General del Estado hay 4.542 personas privadas de libertad con algún tipo de delito relacionado con la seguridad vial, lo que viene a representar el 9% de la población penitenciaria. De ellos, 1.159 tenían como delito principal la seguridad vial (un 2,3% de las personas en prisión).

Los datos arrojan que, además de cometer delitos de tráfico sin tener permiso de conducir, estas personas ingresan en prisión por causas como conducir bajo los efectos del alcohol (un 16%) o conducción temeraria (otro 16%).

La presencia en las prisiones de personas que cometen delitos de seguridad vial se da después de que hayan sido condenados anteriormente por trabajos en la comunidad. Es decir, “la reincidencia es el hecho que los lleva a todos ellos a prisión”, aseguró Ortiz. Y es que, de los que ingresan en prisión por delitos de seguridad vial, más de la mitad (el 52,2%) tienen solo una condena.

Como apunta el informe, el número más alto de condenas alternativas, como trabajos en la comunidad o programas, corresponden a la seguridad vial, en concreto, 24.487.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo un llamamiento a la responsabilidad social de los ciudadanos en las vías urbanas. “Las consecuencias son gravísimas y muy costosas desde todos los puntos de vista” y le llama la atención “la equivocada sensación de impunidad que hay cuando vemos el número de personas que cumplen condena privativa por delitos de seguridad vial”.

Además, el titular de Interior incidió en que "no tiene sentido, no podemos aceptar, que después del estado de alarma, entre el 21 de junio y el 23 de julio hayan muerto más personas que el año pasado, con menos desplazamientos".