Con 22 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención de los diputados de la Comisión de Justicia, la ley de eutanasia propuesta por el PSOE sigue su curso y deberá ser debatida y votada en el Pleno del Congreso de los Diputados para, posteriormente, ser remitida al Senado.

Si se aprueba definitivamente, podrán solicitar la ayuda para morir aquellas personas con una enfermedad grave e incurable o que padezcan una patología grave, crónica e invalidante. Deberán expresarlo de forma voluntaria y por escrito al menos en dos ocasiones, con un tiempo de 15 días de separación y podrán retractarse en cualquier momento.

Para el PSOE se trata de una ley “muy garantista” que reconoce, al fin, “un derecho inherente a la condición humana”. Y es que las personas “enfermamos, sufrimos, padecemos y, cuando ese sufrimiento no tiene solución ni visos de cura, a la persona que no quiere seguir sufriendo hay que ayudarla”, dijo la diputada y exministra socialista María Luisa Carcedo.

La proposición de ley, a la que se han incorporado decenas de enmiendas, establece que la causa de la muerte cuando una persona decida recurrir a la eutanasia será la “muerte natural”, y así constará “a todos los efectos”.

Aunque la mayoría de enmiendas discutidas hoy eran de carácter técnico y menor, PP y Vox presentaron una batería de ellas, incluyendo sendas enmiendas a la totalidad que no prosperan tras ser rechazadas por la Comisión de Justicia.

“ASESINATO”

Para el PP, que presentó una enmienda a la totalidad apostando por los cuidados paliativos y no por la eutanasia -como si no pudieran ser coexistentes-, esta práctica “no responde a una realidad social” y criticó que la sociedad española “no ha debatido” sobre la eutanasia porque “no le han dejado”.

“Es una ley inoportuna porque existe una alternativa, que son los cuidados paliativos”, trasladó el diputado popular José Ignacio Echániz, que criticó que “pretenden registrar una muerte provocada como una muerte natural”.

La diputada Lourdes Méndez (Vox) fue la más beligerante contra la ley de eutanasia, práctica que calificó de “asesinato”. Al PSOE y Unidas Podemos les dijo que “no solo son un peligro para nuestra democracia, para la unidad de España, la economía o la salud, son también un peligro para nuestras vidas”.

Asimismo, anunció que su partido “recurrirá esta fatídica ley” con la que, dijo, pretenden “aliviar el sistema sanitario” y “eliminar vidas” con una práctica “eugenésica”. Y es que a juicio de esta diputada de ultraderecha, “la finalidad (de la ley) no es aliviar el dolor, sino eliminar las vidas que ustedes deciden que carecen de valor y no son dignas de ser vividas”.

Es preciso subrayar que la proposición de ley tan sólo permite aplicar la eutanasia a personas con enfermedades graves e incurables que lo soliciten de forma autónoma y tras ser informadas adecuadamente por su médico. Además, el médico puede negarse, ya sea como objetor de conciencia o por otras razones, y se prevé la creación de una comisión que evalúe cada caso.

Según insistió la diputada de Vox, la ley de eutanasia “es un asesinato” que “califican de muerte natural” y hace que “tu propio hijo se pueda convertir en tu amenaza”, al tiempo que opinó que “el sistema presionará para que las personas pidan morir” en lugar de recurrir a los cuidados paliativos.

APOYO DE CIUDADANOS

Desde Ciudadanos, la diputada Sara Giménez se mostró favorable a la nueva ley, pero insistió en la necesidad de contar con una ley de cuidados paliativos que, dijo, propondrá su partido “en otro texto normativo”. No obstante, decidió retirar sus enmiendas en este sentido para facilitar el curso de la ley de eutanasia.

“Estamos de acuerdo porque supone ese avance en derechos que nuestros ciudadanos necesitan”, expresó Giménez, que insistió en que una norma sobre cuidados paliativos debe ser “encauzada” para “complementar a la eutanasia”.

Desde Unidas Podemos, Rosa María Medel defendió la Comisión de Garantía y Evaluación que prevé la ley para que, entre otras cuestiones, realice una “verificación previa” de la solicitud de los pacientes para recibir ayuda para morir. A su juicio, esta comisión, que puede echar atrás una solicitud, no es una barrera sino “una garantía”.

El presidente de esta comisión deberá nombrar a un profesional médico y un jurista para que verifiquen si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones establecidas para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda a morir.

El diputado Joseba Andoni Aguirretxea, del PNV, se mostró favorable a la ley y dijo que “se ha constatado una mayor madurez de la sociedad” para regular la eutanasia. Asimismo, criticó a PP y Vox que “es una falacia decir que los paliativos sustituyen a la eutanasia”.

Desde EH Bildu, el parlamentario Iñaki Ruiz señaló que “la falta de soluciones legales está prolongando el sufrimiento de centenares de personas en situaciones insoportables”, por lo que la aprobación de la eutanasia “es urgente”.

DISCAPACIDAD

Una de las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos añadidas al texto añade que “las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tendrán garantizados los derechos, recursos y medios de apoyo” para recurrir a la solicitud de la eutanasia cuando, como el resto de personas, cumplan con los requisitos.

De esta manera, se reconocerá las lenguas de signos españolas para la solicitud y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Esta ley de eutanasia cuenta con algunas reservas del sector de la discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha insistido a los grupos parlamentarios en que la legislación debe evitar “cualquier trato desigual o discriminación por razones o motivos de discapacidad”.

Por tanto, “la regulación legal de la eutanasia no puede asociarse a personas o grupos sociales concretos, como el de las personas con discapacidad, ni directa ni indirectamente, ha de ser neutra y respetuosa con la diversidad social, pues si no es así compromete gravemente los derechos humanos de estos sectores y se aleja del principio de no discriminación”, expresó el Cermi en un comunicado.