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La presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Emiliana Vicente, en un momento de la entrevista con Servimedia l Foto: Jorge Villa

Política social

12 Abr 2021

Ve “importante, pero insuficiente” la dotación de 100 millones de euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y reclama una ley general básica en este ámbito

El Consejo de Trabajo Social pide “vacunas sociales” para articular medidas “adecuadas” de atención a los desfavorecidos

Servimedia / Madrid

La presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Emiliana Vicente, pidió este lunes la aplicación en España de “vacunas sociales” que ayuden a articular las medidas “más adecuadas” para prestar atención a los colectivos más desfavorecidos. Asimismo, consideró “importante, pero insuficiente” la dotación de 100 millones de euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y reclamó una ley general básica de servicios sociales.

Así lo expresó en una entrevista concedida a Servimedia, en la que subrayó que las “vacunas sociales” que plantea este órgano son medidas que “contribuyen” a poder “detectar y prevenir” situaciones de riesgo y a “estimular”, dentro de los sistemas de protección, iniciativas para favorecer que la atención que se presta a los colectivos “más desfavorecidos en particular” sean las “más adecuadas e indicadas”.

Así lo planteará a la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a la que solicitará una reunión para abordar “asuntos que son de interés general para la profesión, pero, sobre todo, para la ciudadanía”, tal y como viene haciendo con un departamento con el que mantiene una relación “buena y cordial”.

No obstante, se mostró expectante sobre cómo se van a “concretar” cuestiones como las que afectan al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, la “vía de financiación” para los servicios sociales de Atención Primaria, que, lamentó, “ha sufrido recortes y está en una situación deficitaria muy importante”, si bien este ejercicio ha contado con una dotación “importante” de 100 millones de euros.

APORTACIÓN INSUFICIENTE

“Esto está bien, a mí me gusta reconocer las cosas que se hacen bien y donde hay voluntad para avanzar”, dijo, para advertir, no obstante, de que esta aportación resulta “insuficiente”, al tiempo que comprometió “la mejor de las voluntades, de las capacidades, para poder trabajar conjuntamente y ver cómo avanzar”.

Asimismo, recordó que aún está “pendiente” la articulación de una ley general básica de servicios sociales que juzgó “importante ponerla encima de la mesa” y que ya cuenta con el “compromiso expreso” por parte del ministerio. “Nuestra actitud y mi actitud personal es la de colaboración, tanto con la administración pública como con entidades privadas y con el tercer sector”, incidió, para aseverar que la pandemia “ha venido a parar el mundo, pero, por otra parte, ha acelerado fenómenos de desigualdad y de exclusión vergonzantes”, sentenció.

A este respecto, admitió que dichos fenómenos no han surgido vinculados a la pandemia, sino a una “crisis social acumulada que parte de 1996, con políticas muy neoliberales que han venido a dejar un espacio al individualismo y al sálvese quien pueda”. “Nos pilló después la crisis del 2008, con unos recortes verdaderamente importantes en la parte de los servicios sociales en particular en los años 2012 y 2013, vinculados al plan concertado” agregó.

ALIADOS NATURALES

A su juicio, y al igual que ya planteó durante su comparecencia, el año pasado, en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, los servicios sociales deben ser “aliados naturales de la administración pública, porque, mayoritariamente, la profesión se desarrolla en el ámbito de lo público” y lamentó que, a pesar de que constituyen el cuarto pilar del Estado de Bienestar, los servicios sociales siguen siendo el “hermano pobre”, si bien han dado “muy buenos resultados a la hora de generar espacios de igualdad de oportunidades”.

Vicente defendió por ello que los servicios sociales deben ser considerados como “derechos fundamentales, derechos de ciudadanía y estar contemplados dentro del ámbito de la Constitución”. “No lo están, pero nosotros no cejaremos y, en todos los espacios donde lo podamos poner en valor y encima de la mesa, así lo plantearemos”, espetó, convencida de que “tenemos que seguir haciendo camino” y de que “lo social, si no se aborda, no desaparece”.

ESCUDO SOCIAL

Con respecto al llamado ‘escudo social’ planteado por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y consciente de que España viene de una situación de “crisis social acumulada”, aseveró que todas las medidas que se pongan en marcha para paliarla en el marco de dicho programa “son realmente bien recibidas”.

No obstante, lamentó que en España “somos muy proclives a plantear iniciativas muy grandilocuentes”, por lo que urgió a “ver cómo se desciende en el desarrollo de estas políticas públicas y cómo se desarrollan las medidas puestas encima de la mesa”, al igual que en el caso de las planteadas en el plan de reconstrucción.

“Europa ha estado a la altura en el sentido de buscar estrategias como continente para abordar estas situaciones y fondos hay”, abundó, para considerar que la intención “es buena” y reclamar de nuevo el desarrollo del pacto local dado que los ayuntamientos “siguen siendo los hermanos pobres de esta arquitectura”.

Tras aseverar que en España “se evalúa muy poco y a veces se gobierna más a golpe de noticia”, afirmó que el Consejo General de Trabajo Social está “abierto y dispuesto a la colaboración” para el desarrollo e implementación de estas políticas, sabedor de la importancia de que el diálogo social “esté encima de la mesa” y de que las “alianzas” son “muy importantes” en este momento.