No hubo un protocolo estándar de actuación y protección en los centros de menores de la Comunidad de Madrid el día que se decretó el estado de alarma. En su mayoría, tuvieron que actuar en apenas unas horas para proteger a unos niños que ya de por sí vienen de entornos complicados y a los que se les ha apartado de sus padres por múltiples razones, que van desde el abandono, hasta otras más graves como el maltrato. Son menores vulnerables a los que la pandemia les ha dejado en una situación aún más delicada.

En el caso concreto de un centro de Aldeas Infantiles, y bajo la connivencia de la Dirección General de Infancia y Familia de Madrid, se decidió que los educadores acogieran en sus viviendas personales a dos o tres menores. De esta forma se evitaba que el personal tuviese que salir de sus casas durante el confinamiento y pudiese poner en riesgo no solo su salud, sino también la de los niños que cuidaban.

Ana María Torres, educadora social de uno de estos centros, cuenta cómo, de un día para otro, su familia se convirtió en familia numerosa: “éramos siete junto con el perro”, comenta a Servimedia, entre risas. Ella decidió llevarse a su casa a dos niños pequeños con los que trabaja habitualmente y seguían las rutinas de la mayoría de los hogares. Confiesa que “se sentían uno más”.

“Esto lo tuvimos que hacer en 24, 36 horas”, asegura Mario Ramos, el director de uno de los centros de la organización. Apunta que ellos están acostumbrados a enfrentarse a múltiples realidades, pero esta situación les pilló de improvisto. “Lo primero que pensamos fue en cómo poder garantizar la salud de los menores y luego la salud de los compañeros, porque claro, si se ponían enfermos, ¿quién cuidaba de los niños?”.

Fernando Cimorra, director de los centros de menores de Nuevo Futuro, comparte esta misma preocupación. Fue una fase “bastante dura” en la que tuvieron que decidir aspectos como cesar las visitas entre los niños y sus familias o aplicar medidas sanitarias muy estrictas para evitar el contagio no solo de los menores, sino también de los educadores. Si se producía el contagio de algún educador y causaba baja, se le podía sustituir por otro que a lo mejor no conoce a los menores ni sus trayectorias. “Nos daba mucho miedo esa situación”, confiesa.

FALTA DE PROTECCIÓN

En centros como el de Nuevo Futuro, hubo menores que ya contaban anteriormente con la autorización de la Comunidad de Madrid para pasar el periodo de aislamiento con sus familias, pero hubo muchos que no tuvieron esa posibilidad y se quedaron en el piso de protección. “El estado de alarma nos pilló a todos”, asegura Cimorra.

Cuando se le pregunta por el aprovisionamiento de mascarillas y otras medidas de protección asegura que “lo hemos ido salvando como hemos podido”. En esto coincide Miriam Poole, la directora general de la asociación: “El tema está en que somos centros concertados con la administración. Hemos sido el último eslabón de la cadena en recibir material de protección”.

Cuenta que, al principio, tuvieron que ser ellos los que se encargasen de hacer las compras, “luego ya empezamos a recibir donaciones, hemos ido a pedir, tuvimos que buscar hasta debajo de las piedras”. Desde Aldeas, también señalan que hubo escasez de material y tuvieron que hacer su propia compra “en la medida de lo posible, porque era escaso, pero algo conseguimos”.

Los problemas de aprovisionamiento de material de protección en algunos centros supusieron una de las mayores preocupaciones al inicio del estado de alarma. Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de Save The Children, apunta también a la educación como otro de los puntos débiles: “No en todos los centros de todas las comunidades están dotados de los mecanismos y herramientas informáticas para que los chavales pudieran seguir sus clases”, denuncia.

En el caso de Nuevo Futuro, Poole cuenta que no fue “hasta casi el final” del estado de alarma cuando han ido recibiendo donaciones de tablets. En aquel momento, “resolverse, se resolvió como buenamente se pudo: con un ordenador, con los móviles de los menores, con los móviles de los educadores. Como en muchos hogares de exclusión social que existen en España”.

Los problemas de digitalización en los centros, unidos a las dificultades académicas de muchos de los menores –ya sea por falta de motivación o por sus circunstancias familiares–, fueron uno de los principales efectos negativos al que muchos educadores tuvieron que hacer frente en el confinamiento. Como mínimo, en los centros se encontraron con nueve niños, nueve plataformas diferentes y colegios o institutos distintos, cada uno con su propia manera de funcionar.

Si bien, no sólo la educación se vio afectada: “Ha habido repercusiones mucho más perversas”, asegura Cimorra, refiriéndose a los ERTE’s que han sufrido muchos de los adolescentes a los que estaban preparando para el mundo laboral.

Los menores tutelados, cuando cumplen los 18 años, no pueden seguir en los centros. Empieza entonces una etapa en la que, con apoyo de organizaciones o programas de ayuda, tratan de iniciar una vida independiente. Cimorra lamenta que esta situación ha dejado a muchos menores en un riesgo mayor que a cualquier otra persona, porque están a punto de irse de los centros y “no tienen una forma económica de salir”.

VUELTA A LA 'NORMALIDAD'

Dada la situación vivida en algunos centros, desde Save the Children, enviaron al Ministerio de Sanidad y a la Dirección General de Derechos Sociales varias propuestas para establecer unas medidas específicas en cuanto a este colectivo vulnerable de cara a los próximos meses, pero la única respuesta que recibieron fue que iban a remitir sus peticiones a las Comunidades Autónomas. Medidas de alivio como la hora en la que un progenitor podía salir con uno de sus hijos a pasear no se adaptaron a los centros: “no podía salir un solo educador con todo un grupo de niños”, denuncia esta ONG.

En centros como el de Nuevo Futuro, existe la figura de las madrinas, mujeres que acuden unas tres veces a la semana voluntariamente a los centros para ayudar tanto a los educadores como a los niños. Chari, psicóloga y antigua profesora en la Universidad, es una de ellas. Confiesa que “los niños han llevado mejor el confinamiento que el desconfinamiento, porque ellos se sentían iguales que los demás. Veían a los vecinos y sabían que los demás niños tampoco salían”.

De cara a los próximos meses, los centros afirman estar preparándose ante cualquier situación que pueda surgir. Ana Torres, una de las educadoras, asegura que, si volviese a haber un confinamiento, ella volvería a llevarse a su casa a los menores. Confiesa que le sorprendió la capacidad de adaptación que tuvieron los niños y recuerda que, durante el estado de alarma, “el mayor miedo que tenían los niños no era hacia ellos mismos ni hacia nosotros [Ana y su familia], era hacia sus padres. Tenían mucho miedo de que les pasara algo”.