Así lo afirmó el director del programa Habitat de RAIS Fundación, Roberto Bernad, en un debate organizado por la agencia Servimedia junto a Plena Inclusión sobre cómo las personas con discapacidad intelectual pueden vivir en comunidad.

Bernad explicó que, en España, su entidad ha determinado que la permanencia en viviendas al uso reduce un 50% la sobreutilización de las urgencias hospitalarias por parte de este colectivo, en favor de la atención primaria.

Desde 2014, RAIS Fundación lleva a cabo un proyecto basado en la metodología Housing First (Vivienda Primero), que apuesta por sacar a estas personas de los albergues y ayudarles a vivir en casas normalizadas, "siempre con los apoyos necesarios".

"El sistema de atención tradicional considera que no saben vivir de forma autónoma", según explicó, y "se les presta ayuda según 'un modelo de escalera', de manera que a medida que cumplen compromisos adquiridos, consiguen más niveles de independencia".

"Nosotros quisimos darle la vuelta y empezar primero por facilitarles una vivienda para desde allí iniciar la recuperación". De este modo, se evita "la infantilización" de estas personas y "su excesiva dependencia" del sistema. A su juicio, "si no se les permite tomar decisiones (qué comer, cuándo ducharse...), cuando tratemos de que adquieran autonomía nos vamos a encontrar con muchos problemas".

PROYECTO MI CASA

En la misma línea funciona el programa 'Mi Casa' de Plena Inclusión, que tiene por objetivo que las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo puedan vivir en comunidad, fuera de las residencias.

Sofía Reyes, técnica de Plena Inclusión y coordinadora del programa, explicó que se realiza "un seguimiento personalizado" de cada individuo y se le ofrecen "todos los apoyos precisos para que puedan vivir en casas normalizadas, como cualquiera de nosotros".

En 2017, la ONU emitió un informe donde instaba a España a avanzar en la desinstitucionalización del colectivo y en 2019 volvió a insistir en ello. "Es ahí donde nace el programa Mi Casa", inspirado en las experiencias de Gales (Reino Unido), que lleva desde 1992 trabajando en la desinstitucionalización de este colectivo.

En 'Mi Casa' participan Plena Inclusión y todas sus entidades federadas junto a las administraciones autonómicas, que son quienes tienen transferidas las competencias en vivienda. Un total de 12 están ya implicadas con el proyecto, "cada una a su ritmo", y otras 5 lo harán dentro de poco, subrayó Reyes.

Las asociaciones intervienen directamente en la gestión del programa, y cuentan con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En febrero, tres mujeres de Murcia iniciaron la transición a una casa normalizada, en junio lo harán 12 personas en Canarias, y en octubre otras tantas "transitarán" en Cataluña, Extremadura y Cantabria, respectivamente.