“Se trata de la mayor movilización de recursos económicos de la historia de la democracia y en muy corto espacio de tiempo”, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se ha acordado el que llamó el Real Decreto Ley “mayor aprobado en la historia de la democracia” con medidas sociales y económicas.

De la cuantía total, 117.000 millones serán “íntegramente públicos” y los 83.000 millones restantes procederán del sector privado. “Es un esfuerzo enorme, decidido, que responde al desafío” que encaramos porque el Gobierno está “comprometido” con todos y cada uno de los ciudadanos.

“No vamos a escatimar esfuerzos y nadie se va a quedar atrás”, refirió en distintas ocasiones durante su intervención. Según explicó, es responsabilidad de los poderes públicos forjar este “escudo económico y social” que pondrá especial acento en aquellos en situaciones más vulnerables, pero también a las empresas, familias, trabajadores y autónomos.

Sánchez relató que la batalla principal a ganar es contra la propagación del Covid-19, primero con la reducción de los contagios, para su erradicación posterior cuando haya una vacuna a la que contribuirá con inversión.

MEDIDAS PARA EVITAR LOS DESPIDOS

Pero en paralelo, refirió que hay que “frenar una curva descendente en el empleo y la producción” por su impacto, razón por la que el Ejecutivo ha articulado un paquete de medidas tras consultar con sindicatos, empresarios y otros partidos políticos a los que agradeció su contribución con “propuestas muy valiosas” para paliar “la caída del empleo y la producción”.

"El Estado va a asumir este choque, va a asumir en su conjunto el frenazo en seco de la economía española, pero tenemos que saber que es temporal y después tendremos que asumir la reconstrucción del país", anticipó, exigiendo a la vez a la Unión Europea que dote recursos económicos los planes fiscales “que permitan paliar la crisis”.

“Con la Unión Europea tenemos que ser todos exigentes, al final es un proyecto compartido”, afirmó, subrayando que el virus es un problema común que “no se frena por cuestiones fronterizas territoriales, no distingue de clases ni tampoco de ideología”.

Desde la óptica de la actividad y el empleo la principal medida adoptada hoy es la agilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) declarados por el coronavirus en la medida que evitarán despidos y ahorrarán costes a las empresas, junto al cobro del paro sin contar previamente con la cotización mínima exigible.

Pero en el pack anunciado se incluyen medidas igualmente de alivio para los presupuestos domésticos de calado como la moratoria en el pago de las hipotecas a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el Covid-19, en el pago para colectivos vulnerables de los suministros básicos (agua, luz y gas), la prórroga automática hasta septiembre del bono social a los hogares beneficiarios o la prohibición de cortar Internet a los colectivos vulnerables.

“Nadie será desahuciado en esta crisis”, insistió Sánchez al detallar la moratoria en hipotecas con la que España sigue los pasos de Italia, que ya acordó una moratoria similar.

Sánchez defendió que corresponde “hacer frente con determinación” al impacto que sufrirá la economía, y a está afectando en la “distribución, en la producción, en las empresas, en las finanzas y en el consumo” y cuando se “venza” al virus tocará “relanzar la economía” con otras iniciativas para recuperar “nuestro dinamismo empresarial y nuestro empleo”.

Pero ahora, con el cierre de establecimientos y compañías para proteger al ciudadano y evitar la propagación, la principal actuación salida del Consejo es “flexibilizar” la situación laboral para que haya suspensiones temporales de empleo y no destrucción de puestos de trabajo, agilizando los Ertes.

Por ello el Real Decreto ley establece que las empresas que hayan tenido que suspender contratos y reducir jornadas a través de ERTE como consecuencia del coronavirus Covis-19 tendrán la consideración de provenientes de una situación de “fuerza mayor”.

ACCESO A PRESTACIÓN DE PARO

Los trabajadores afectados por estos expedientes temporales o reducciones de jornada tendrán derecho a cobrar la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del período mínimo de cotización necesario para ello.

Su prestación no se descontará además de su hucha máxima para desempleo y para aliviar a las empresas se les eximirá del abono de las cotizaciones sociales durante estos periodos.

Para los autónomos, Sánchez anunció que flexibilizará su acceso a la prestación por cese de actividad o paro, independientemente de que sean empleadores o no, y quedarán eximidos de pagar la cuota mientras la perciben.

“Se priorizarán la suspensión de los contratos y la reducción de la jornada como opción frente al despido de los trabajadores”, detalló a la que vez que hizo un llamamiento a las empresas para que actúen en esta línea.

La estrategia para abordar esta crisis “coyuntural e intensa, que tiene que ser lo más corta posible”, resumió que pivota sobre dos etapas o pasos: “uno de asimilación, de choque de lo que representa en términos económicos y sociales” y cuando se supere la situación de emergencia sanitaria “vendrá una segunda fase que es la de reconstrucción económica y social”, donde anunció que pedirá “la ayuda a todos los partidos políticos para recuperar el brío económico y social”.

Toca, dijo, “arropar a las empresas con una movilización sin precedentes en la historia democrática de nuestro país, y también para los trabajadores”, sin querer entrar a elucubrar sobre nacionalizaciones como sí se están anunciando en otros países.

“El Estado es un sector muy importante de nuestra economía, representa 40 puntos de gasto en términos de PIB”, refirió apuntando que una “interpela a las empresas, al conjunto de la sociedad civil, porque tenemos que ser conscientes de que esa cadena de solidaridad tenemos que hacerla entre todos”. “Si trabajamos con unidad, y esa unidad se respira y se palpa en el conjunto de la sociedad civil venceremos”, resumió.