Según informaron este martes fuentes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, también se ha solicitado, con carácter de urgencia, la adopción de medida cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones recurridas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, indicó ayer que el objetivo es impedir “que se ponga en jaque la educación pública”, ya que la misma es la “máquina de fabricar igualdad” entre los españoles y lo que ha permitido superar “la asignatura pendiente del analfabetismo y del atraso de este país”.

“Nadie puede poner eso en jaque y mucho menos recurriendo a elementos que son censura”, dijo en referencia al 'pin parental' y a que con el mismo los padres puedan impedir que se imparta a sus hijos determinados contenidos extraescolares, como talleres sobre sexualidad.

Por su parte, la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Murcia, Esperanza Moreno Reventós, aseguró este martes que mantiene las instrucciones del denominado 'pin parental' porque cuenta con el aval “tanto por los informes jurídicos como por la inspección de educación, que llevan en funcionamiento seis meses”. En cualquier caso, indicó que acatará la decisión final que adopten los tribunales.

Así lo expuso a la prensa durante la visita que realizó a un centro educativo en Cartagena tras haber expirado el plazo de un mes dado por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, para que Murcia retirase el permiso familiar para que los alumnos acudan a actividades sobre educación afectivo-sexual y de género, medida planteada por Vox para apoyar al PP en el gobierno murciano.