Ocho comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra) tienen ya aprobada la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por los daños de la nevada de Filomena, que se irá deshaciendo estos días con la lluvia, el viento y el ascenso de las temperaturas, lo que eleva el riesgo de inundaciones en algunas zonas del país.

Greenpeace recordó que la capa nivosa ha alcanzado espesores de hasta 60 centímetros en algunos lugares, lo que hace que algunas cuencas, como la del Tajo, hayan alcanzado registros históricos de volumen de agua en forma de nieve, con cerca de 245 hectómetros cúbicos, según datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Sin heladas, ahora la lluvia acelerará el proceso de fusión, especialmente en las zonas de montaña donde hay más nieve acumulada: sierras, zonas de altitud entre la montaña y la llanura y en zonas de confluencia de cauces.

"Los humanos hemos invadido el propio territorio del río, constriñéndolo, y, por lo tanto, sufrimos las consecuencias de ello cuando hay crecidas. Hemos convertido ríos sinuosos en canales casi lineales de hormigón, lo que hace que el agua corra más rápido y por lo tanto aumente el riesgo de inundación y su peligrosidad”, indicó Julio Barea, portavoz de Greenpeace España.

Esta organización consideró "preocupante" la evolución de los usos del suelo en España, principalmente por el avance de una urbanización "masiva y sobre terrenos no siempre adecuados", pues se ha invadido el dominio público hidráulico con viviendas, infraestructuras y diversos equipamientos; la vegetación de ribera ha desaparecido o se ha alterado sustancialmente y se han producido cambios morfológicos y topográficos que cambian las funciones geomorfológicas de los espacios fluviales, debido a la construcción de obras públicas y urbanizaciones derivadas del planes urbanísticos municipales.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, los ríos españoles redujeron su superficie en un 12% entre 1987 y 2000, es decir, unas 7.508 hectáreas.

USO MASIVO DE SAL

Por otro lado, Greenpeace apuntó que el uso "y abuso" de sal, salmueras y fundentes salinos para favorecer el derretimiento de la nieve y el hielo crea "graves problemas", entre ellos la corrosión de infraestructuras viarias de cemento, asfalto y mobiliario, así como las señalizaciones, además de las carrocerías de los vehículos.

"Los daños medioambientales son también evidentes y devastadores para el entorno, ya que la sal se arroja, casi siempre, en vías montañosas, que son zonas más frágiles y de ecosistemas sensibles. En ellas, el aumento de la salinidad afecta muy negativamente, pues al disolverse la sal se descompone en elementos sobre el terreno que se filtran en los acuíferos y terminan en cauces fluviales, afectando también directamente a plantas y animales, pudiendo incluso matarlos", añadió.

En el caso de la ciudad de Madrid, Greenpeace indicó que el uso masivo de sal afectará al alcantarillado y las estaciones depuradoras, cuyos digestores biológicos podrían no soportar un aumento tan elevado de la salinidad, por lo que "o bien se perderá durante días la posibilidad de depurar correctamente las aguas residuales o bien se tendrá que realizar un 'bypass' de las aguas directamente a los cauces del Manzanares y el Jarama para evitar daños en las plantas depuradoras". Ello provocará un daño directo a estos ríos, a la fauna y flora que viven en ellos y a sus riberas.

"Una tonelada de sal cuesta entre 60 y 80 euros, pero existen alternativas (más caras y más baratas también), como son el acetato de calcio y el magnesio, más biodegradables y menos corrosivas, arenas, gravillas y cenizas vegetales o productos agrícolas residuales como la urea o el jugo de remolacha", agregó Greenpeace.

Por todo ello, Greenpeace reclamó que la planificación urbana cuente con estrategias y planes de prevención y gestión de riesgos que, a través de una gestión pública, sean capaces de responder de forma rápida y eficaz a las necesidades que se presenten, y que la gestión del riesgo de inundaciones tenga una visión conjunta a nivel de cuenca y una adecuada ordenación del territorio.