“Si el teléfono móvil puede ser una herramienta pedagógica importante, ¿por qué no se puede utilizar? Pero, efectivamente, su uso debe estar regulado por un protocolo acordado por la comunidad educativa del centro”, defendió la secretaria general de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca.

“El que prohíbe, coerce y coacciona, pero no educa”, subrayó el secretario de Política Educativa y Cultura de la Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras (Feccoo), Pedro Badía. El sindicalista, quien decidió declarar a título personal debido a que en CCOO no se ha tratado aún este asunto, recalcó que “el teléfono móvil es una herramienta más de trabajo y de aprendizaje” y que “es fundamental que las familias y los docentes, con criterio consensuado, inculquen en los niños y en los jóvenes un buen uso de la tecnología, de las redes y de la información”.

Las organizaciones consultadas por Servimedia coincidieron en que debía ser la comunidad educativa quien regulase el uso del teléfono móvil en los colegios e institutos. Si bien reconocieron que un mal uso de la tecnología podría desembocar en conflictos como el ciberacoso, consideraron que una prohibición taxativa no solucionaría el problema.

Sobre esta última cuestión se pronunció el presidente de Escuelas Católicas de Madrid, José Antonio Poveda, quien recordó que “el problema del acoso ocurre las 24 horas”. “A lo mejor se mitiga en parte al limitar el uso del móvil en el recinto escolar, pero cuando el chaval sale del colegio, el acoso no desaparece. La lucha contra el acoso viene más por la línea de la prevención, educación y concienciación de los alumnos que por la prohibición del móvil en el colegio”, aseveró.

Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), Nicolás Fernández, cuestionó la efectividad de una norma prohibitiva y señaló que, cuando se estudian este tipo de medidas, “hay que mirar la variedad del alumnado”. “Cuando hablamos de prohibición, ¿a qué curso nos referimos? Hoy, los chicos tienen móvil desde los 10 años, pero seguirán en el centro educativo hasta los 18”, recordó.

Por su parte, el presidente del área de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Mario Gutiérrez, incidió en el impacto que tendría una prohibición de este tipo en el profesorado. “Si desde el ministerio se prohibiera su uso, se estaría creando un nuevo deber al profesor, que tiene muy pocas herramientas para llevarlo a cabo. ¿Tendría que estar revisando todas y cada una de las mochilas? La regulación tiene que hacerse desde la profesión de los docentes”, subrayó.

REGULACIÓN

Todas las organizaciones apostaron por la regulación de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, no todas coincidieron en si se debía implementar a nivel estatal o a nivel autonómico. Actualmente, la enseñanza se rige por el Reglamento de Régimen Interno –la normativa propia de cada centro–, que está supeditado a las leyes autonómicas.

“No vemos una necesidad urgente, ni muchísimo menos, de que haya una ley general que regule esto a nivel estatal”, insistió la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García.

En cambio, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), Pedro Caballero, defendió lo contrario. “Deberíamos hacer, a nivel estatal, otro tipo de regulaciones del uso de estas tecnologías, porque aunque haya Reglamentos de Régimen Interno en los centros que dicen cómo se tienen que utilizar o no, el caso es que muchas veces se nos escapa”, alertó.