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Imagen de las diferentes discapacidades

31 Mar 2009

El borrador establece que los alumnos con discapacidad serán escolarizados de forma preferente en colegios que la Xunta catalogará como "de referencia"

Galicia. El PP pide a Cabrera que explique si el decreto de atención a la diversidad protege a los discapacitados

C.Díaz / S.de Compostela

Los diputados del PP por Pontevedra, Ana Pastor, Nava Castro y Javier Guerra, han presentado una solicitud de comparecencia de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, para que explique si el borrador del decreto de atención a la diversidad de los alumnos de enseñanza no universitaria de la Xunta de Galicia garantiza los derechos de las personas con discapacidad.

Los diputados del PP por Pontevedra, Ana Pastor, Nava Castro y Javier Guerra, han presentado una solicitud de comparecencia de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, para que explique si el borrador del decreto de atención a la diversidad de los alumnos de enseñanza no universitaria de la Xunta de Galicia garantiza los derechos de las personas con discapacidad.

Según informaron fuentes del PP de Galicia, dicho borrador establece que los alumnos con discapacidad serán escolarizados de forma preferente en colegios que la Xunta catalogará como "de referencia", y en cada comarca y ciudad se designará un centro de cabecera a donde se dirigirán este tipo de alumnos.

Para los populares, "esta reunificación de los alumnos con discapacidad en un mismo centro es una forma de segregación escolar de los alumnos que va en contra de la integración".

Los tres diputados aseguraron que el decreto deja a los padres y madres "sin el derecho a elegir el centro que consideren más oportuno para sus hijos".

Además, explicaron que esto plantea a los padres "problemas añadidos", ya que si tienen más hijos, el decreto no resuelve si les reagrupan a todos en el mismo centro de referencia o si los que no tengan discapacidad deben seguir estudiando en su centro actual, distinto del de su hermano discapacitado.

Los diputados populares entienden que si lo que se persigue es una política educativa de inclusión, el decreto de la Xunta la incumple, ya que incumple lo establecido en el artículo 24 de la convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en lo relativo a la educación inclusiva.

Pastor, Castro y Guerra comparten el objetivo de la Xunta de racionalizar recursos, pero subrayaron que este criterio "nunca puede ser a costa de dejar atrás la inclusión de los discapacitados".