"Se recuperan viejos argumentos y políticas del ladrillazo", apuntó Greenpeace en un comunicado, antes de añadir que esas políticas suponen "un grave retroceso en los avances conseguidos, además de un ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública".

"Con el mar Menor al borde del colapso o con tramos de la costa andaluza urbanizados al 80%, utilizar la crisis económica derivada del Covid-19 como fórmula para reactivar el ladrillazo y el empleo precario a corto plazo es un error político cuyas magnitudes ya conocemos de la anterior burbuja inmobiliaria”, apuntó Pilar Marcos, responsable de la campaña de biodiversidad de Greenpeace.

Marcos señaló que "la actual pandemia ha evidenciado la necesidad de no subestimar el impacto al daño medioambiental pero parece que nuestros gobernantes no extraen ninguna lección aprendida".

La organización ecologista ha detectado estas políticas en ocho comunidades (Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia) y añadió que en esas regiones se aprovecha "el discurso de la reactivación económica post-Covid para agilizar paquetes normativos y proyectos que vuelven a buscar en el ladrillo la salida a la crisis, sin suficiente evaluación de impacto ambiental".

Algunas de esas regiones se plantean modificar la ley del suelo, supeditando gravemente el medioambiente al desarrollo urbanístico, como ya pasara en la crisis económica de 2008, según Greenpeace.

La ONG indicó que en Andalucía hay "un resurgir del ladrillo" con nuevos campos de golf u hoteles de 300 habitaciones en el litoral, y en la Comunidad de Madrid se podrán desbloquear hasta 2.000 expedientes urbanísticos sin suficiente evaluación ambiental.

DEMANDAS

Greenpeace reclamó que, respecto al uso del suelo, la construcción y el turismo, conviene "recuperar grandes superficies de suelo perdido en el ladrillo y convertirlas en suelo útil para desarrollar modos de vida sostenibles" tras la crisis del Covid-19.

Propuso rescatar el uso público del suelo, recuperar los suelos aptos para el cultivo, preservar la tierra, potenciar la biodiversidad y ordenar el uso del territorio para que el suelo sea garantía de beneficio económico y defensa para futuras pandemias y nuestra salud.

Preservar los usos sostenibles del territorio, fomentando la soberanía alimentaria como política pública encaminada a alimentar a la población en condiciones de igualdad y dignidad, y no para "preservar el mercado de la construcción"; recuperar la gestión integral de los servicios públicos esenciales (agua, energías limpias, residuos...) apostando por la independencia energética y recuperando la cultura del agua; blindar el suelo turístico 'no edificado', y promocionar las obras de reconstrucción, transformación y modificación de la planta turística y de vivienda actual, con todas las garantías ambientales, son otras peticiones.