Goicoechea reiteró el argumento esgrimido por el Gobierno el pasado mes de mayo en una respuesta parlamentaria dirigida a varios diputados de Vox, en el sentido de que estacionar en lugares habilitados por la autoridad municipal en aparcamientos reservados para el uso de personas con discapacidad sin el distintivo que lo autoriza es "una causa concreta para acordar ni más ni menos que la retirada y depósito del vehículo", como establece la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. "Es una medida disuasoria sumamente importante", añadió.

Además, Goicoechea subrayó que esa conducta tiene la consideración de infracción grave en la mencionada ley, lo que conlleva una sanción de 200 euros, con lo que, según añadió, el Gobierno muestra su "enorme interés" en garantizar las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad.

"No consideramos que deba incluirse entre aquéllas que supongan la detracción de puntos", apostilló, después de señalar que, al igual que en muchos países cercanos, el permiso por puntos en España se configura como "una herramienta de mejora de la seguridad vial", es decir, "todo aquello que suponga actuaciones que puedan devenir en riesgo para la vida y para la salud de quienes transitan por nuestras vías".

Por ello, indicó que no todas las infracciones de tráfico deben estar incluidas en el catálogo de pérdida de puntos, sino "solamente aquéllas que suponen un peligro grave contra la seguridad", como las relacionadas con la velocidad, el uso indebido del teléfono móvil, las distracciones en general, no llevar puesto el cinturón de seguridad o los adelantamientos incorrectos.

Goicoechea recordó que la reforma de la ley de tráfico de 2015 incluyó inicialmente la pérdida de puntos por aparcar en el carril bus, algo que no salió adelante porque "eso acaba matando el sistema de puntos", pues un conductor puede realizar muchas infracciones y el aparcamiento urbano "no se puede resolver a través de las sanciones de retirada de puntos".

Por su parte, Alcaraz indicó que cerca de 60.000 personas con discapacidad en España tienen prescrita la utilización de modificaciones en sus vehículos y las que disponen de una plaza de aparcamiento exclusivo se enfrentan al "incivismo" de otros ciudadanos que, sin tener la autorización correspondiente, estacionan indebidamente.

Añadió que asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y de personas con discapacidad se han dirigido al Ministerio del Interior solicitando que esa conducta conlleve la pérdida de puntos.

Para Alcaraz, el argumento de que no afecta a la seguridad vial es "una excusa" porque las personas con discapacidad se exponen a "la fatiga, el estrés y la distracción", y muchas utilizan silla de ruedas y tienen dificultades para sacarla en lugares no habilitados. "Hay una falta de empatía hacia este colectivo", apuntó.

A este respecto, Goicoechea agregó que ese comportamiento es "antisocial" y "absolutamente incívico", pero no un riesgo para la seguridad vial. Recordó que la DGT realizó recientemente una campaña publicitaria en la que comparaba ocupar plazas de aparcamiento para personas con discapacidad con lo que puede sentir un ciudadano cuando va al teatro para ocupar su butaca reservada y ésta la ha ocupado otra persona, o algo similar cuando ha llamado a un restaurante para reservar una mesa. "Por supuesto, nos lo tomamos absolutamente en serio y es grave, pero no detraemos puntos", concluyó.