Calvo dio esta explicación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado esta mañana en el Palacio de la Moncloa, donde compareció acompañando a la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, horas después de que el rapero Pablo Hasél fuera detenido por los Mossos en la Universidad de Lleida tras negarse a entrar en prisión para cumplir una condena de nueve meses por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

La vicepresidenta explicó que el Ministerio de Justicia ya ha emprendido un estudio para modificar la legislación vigente de manera que este tipo de delitos no puedan acabar con penas de cárcel. Adujo que la normativa “debe ser modificada” para dar cobertura de libertad de expresión a aquellos casos que no supongan riesgo para otras personas.

“Pensamos que en el paraguas particularmente amplio y protegido de las referencias artísticas y culturales debe haber una horquilla de compresión y tolerancia propia de una democracia absolutamente madura como la nuestra”, aseveró.

Calvo admitió que la libertad de expresión no es un derecho “absoluto” porque “ningún derecho” lo es “en ningún lugar del mundo, en ningún Estado de Derecho y en ninguna democracia”. “Todos nuestros derechos son limitados para que existan otros derechos”.

Por eso, garantizó que el cambio legal que está preparando el Ministerio de Justicia debe ser “absolutamente armonioso” para evitar que se produzcan delitos de odio, y recordó que en España ya se avanzó en ese sentido en el pasado para combatir el enaltecimiento del terrorismo de ETA.

Calvo alegó, además, que “los organismos internacionales que trabajan en materia de Memoria Democrática tienen bastante bien aquilatado qué parte de libertad de expresión no puede ser admitida” dentro de dicho precepto.